La revista Science elogió hoy los avances de Cuba en el campo de la salud pese a los efectos de casi medio siglo del embargo económico impuesto por Estados Unidos.
En un artículo de su sección "Policy Forum" la publicación científica, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, afirma que el progreso cubano en el campo de salud es superior al de los países latinoamericanos y sólo comparable al de las naciones industrializadas.
Agrega que, en un momento en que Estados Unidos debate la reforma de su sistema de salud, podría ser oportuno sacar lecciones de lo que ha hecho Cuba hasta ahora.
Las sanciones, calificadas en el artículo como "uno de los más complejos y prolongados embargos de la historia moderna", fueron aplicadas por Estados Unidos con el objetivo de lograr el regreso de la democracia tras la irrupción del gobierno comunista de Fidel Castro a la caída del régimen de Fulgencio Batista.
Sin embargo, un informe del Senado afirmó en 2009 que "el embargo unilateral no ha logrado su propósito declarado" y mientras se debilita el apoyo internacional muchos políticos y empresarios sugieren un cambio en la política hacia Cuba, según Policy Forum.
El artículo, preparado por los profesores Paul Drain y Michele Barry, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford (California), indica que el embargo supuso un duro impacto para el sistema financiero y económico de Cuba y para el abastecimiento de suministros médicos.
Sin embargo, esos golpes parecen haber sido atenuados por los éxitos que Cuba ha conseguido en otros aspectos de la sanidad, señala.
Como resultado, Cuba ha tenido mejores resultados en la sanidad que la mayoría de los países latinoamericanos, únicamente comparables con los del mundo industrializado.
"Cuba ha hecho un trabajo fantástico en lo que se refiere a la atención primaria y preventiva, más aún si se toma en cuenta que lo ha hecho con un presupuesto modesto", señaló Drain a EFE.
Para respaldar sus afirmaciones, Drain y Barry indican que entre 33 países latinoamericanos y caribeños, Cuba tiene la mayor expectativa de vida (78,6 años).
Además cuenta con la mayor densidad de médicos per cápita (59 facultativos por cada 10.000 personas) y la menor mortalidad infantil (5,0 por cada mil nacimientos vivos).
En 2006, el gobierno de Cuba gastó en salud 355 dólares per cápita (7,1 por ciento del producto interno bruto o PIB).
Comparativamente, el costo anual en salud por cada estadounidense es de 6.714 dólares (15,3 por ciento del PIB), señalan los autores del artículo.
Por otra parte, Cuba tiene uno de los mejores sistemas de salud preventiva del mundo, según afirman.
"Al educar a su población acerca de la prevención de enfermedades y la promoción de la sanidad, los cubanos tienen que depender menos de los suministros médicos para mantener una población saludable", afirma el artículo.
Lo contrario ocurre en Estados Unidos, un país con una fuerte dependencia de los medicamentos y de las nuevas tecnologías para mantener la salud de su población, "pero a un muy alto costo".
El artículo también destaca la existencia en Cuba de una moderna red de policlínicos, la alta tasa de vacunación y el deber de cada cubano de visitar un consultorio médico al menos una vez al año en el marco de la política de prevención.
Drain y Barry sugieren que, en un momento en que en Estados Unidos se busca apoyo para la reforma del sistema médico, podría haber oportunidades de aprender de las valiosas lecciones cubanas acerca del desarrollo de un verdadero sistema de salud que haga hincapié en la prevención.
Además, señalan que "la adopción de algunas de las exitosas políticas de salud de Cuba puede ser el mejor paso hacia la normalización de relaciones".
Los autores del artículo sugieren que el Congreso de Estados Unidos podría pedir un estudio por parte del Instituto de Medicina acerca de los éxitos del sistema cubano de salud y "sobre la mejor forma de iniciar una nueva era de cooperación entre científicos estadounidenses y cubanos".
Intentan derribar los pilares de la UE
Hay que suponer que el ataque que están sufriendo los países periféricos de la UE es una maniobra conjunta, orquestada, y muy bien planificada por parte de grandes hedge funds y de algún banco de inversión que otro.
Hace seis meses, la situación de los países periféricos de la UE era tan mala como lo es hoy. No se llega a estos déficit de la noche a la mañana ¿Por qué se ha abierto ahora la caja de los truenos? Si analizamos lo que está ocurriendo, veremos un ataque sistemático y progresivo sobre la línea de flotación de la UE. Una unión demasiado joven, con los pilares sin cimentar, sin una política económica común, y en la que si cada palo se limita a aguantar su vela, es muy fácil ir derribando a uno tras otro.
Hoy miércoles hemos visto con sorpresa cómo se rebajaba la calificación a España, con el mercado abierto y en la última media hora de negociación. Pueden decir misa en arameo, pero no nos tragamos esa píldora. Algunos se han puesto las botas sabiendo lo que ocurriría acto seguido de la publicación de la noticia. Esto nos recuerda los ataques de los hedge funds a las divisas, cuando la libra y la lira tuvieron que salir del sistema cambiario europeo.
La única solución es convertir al cazador en cazado mediante una acción coordinada de firmeza frente a la situación de los países periféricos, y la resuelta voluntad de estos de éstos de aplicar medidas correctoras urgentes, tan drásticas, como grave es la situación.
Ahora la prueba de fuego la van a pasar los bancos, más que por ataques directos, por salida masiva de capitales en los más líquidos. Santander y BBVA, cotizan a 8,3 y 7,5 veces beneficios. Si continúan castigándoles los vamos a ver a precios de saldo, cuando son lo mejor de la banca, no ya europea, sino mundial. Lanzarse a vender es hacerles el juego. No sólo hay que mantenerlos en cartera, sino aprovechar los varapalos para invertir a medio y largo plazo.
Hace seis meses, la situación de los países periféricos de la UE era tan mala como lo es hoy. No se llega a estos déficit de la noche a la mañana ¿Por qué se ha abierto ahora la caja de los truenos? Si analizamos lo que está ocurriendo, veremos un ataque sistemático y progresivo sobre la línea de flotación de la UE. Una unión demasiado joven, con los pilares sin cimentar, sin una política económica común, y en la que si cada palo se limita a aguantar su vela, es muy fácil ir derribando a uno tras otro.
Hoy miércoles hemos visto con sorpresa cómo se rebajaba la calificación a España, con el mercado abierto y en la última media hora de negociación. Pueden decir misa en arameo, pero no nos tragamos esa píldora. Algunos se han puesto las botas sabiendo lo que ocurriría acto seguido de la publicación de la noticia. Esto nos recuerda los ataques de los hedge funds a las divisas, cuando la libra y la lira tuvieron que salir del sistema cambiario europeo.
La única solución es convertir al cazador en cazado mediante una acción coordinada de firmeza frente a la situación de los países periféricos, y la resuelta voluntad de estos de éstos de aplicar medidas correctoras urgentes, tan drásticas, como grave es la situación.
Ahora la prueba de fuego la van a pasar los bancos, más que por ataques directos, por salida masiva de capitales en los más líquidos. Santander y BBVA, cotizan a 8,3 y 7,5 veces beneficios. Si continúan castigándoles los vamos a ver a precios de saldo, cuando son lo mejor de la banca, no ya europea, sino mundial. Lanzarse a vender es hacerles el juego. No sólo hay que mantenerlos en cartera, sino aprovechar los varapalos para invertir a medio y largo plazo.
Necesitamos Un Millon de Sonrisas
La sala estaba a rebosar, pero solamente cabían quinientos. Dos años después de abandonar los micrófonos de uno de los programas más populares de la radio española, se juntaron en el escenario. A beneficio de la fundación que lleva su nombre, Gomaespuma, y que regala felicidad a niños necesitados de Nicaragua y Sri Lanka. Estuvieron como nunca. Divirtieron como siempre. Si no conseguiste entrada, ésta es tu oportunidad. Si crees que les debes alguna que otra sonrisa, esta es la ocasión de devolverles el favor. NECESITAMOS 1.000.000 DE VISITAS. Si lo conseguimos, IBANESTO se ha comprometido a financiar los proyectos que la FUNDACION GOMAESPUMA tiene para ayudar a los niños de la calle de Managua y a los huérfanos de Batticaloa. Velo y velo y vuélvelo a ver, como los peces en el río y, en cuanto puedas, corre la voz. Los Payos Ranger te dan la gracias.
¿Seguro que España no es racista II?
Otro instituto cambia sus reglas para dejar fuera a Najwa y su velo
Najwa Malha, de 16 años, regresó ayer a su instituto, con capucha y velo, pero no para asistir a clase sino para participar a una excursión. Fue, probablemente, su última actividad en el instituto Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Su madre, Fátima, le dio ayer de baja. La Consejería de Educación había anunciado ya en días previos un posible traslado a otro centro, el instituto San Juan de la Cruz, pero ayer cambió de forma urgente su normativa para impedir que se pueda dar clase con la cabeza cubierta, es decir, dejaron a la chica y a su hiyab fuera del centro.
Con una celeridad inhabitual la Consejería de Educación notificó, ayer mismo, el traslado de la alumna de cuarto de la ESO al Instituto Gerardo Diego, cuyo reglamento interno permite el uso del hiyab. Fue la propia consejería la que confirmó la reunión del consejo escolar en el centro San Juan de la Cruz. El cambio, que sorprendió a la administración, tuvo una respuesta tímida. Educación prepara una resolución para impedir a partir del próximo septiembre que los centros cambien sus reglamentos con el curso ya empezado.
La decisión del San Juan de la Cruz no sólo sorprendió a la consejería. "No sé qué argumento pueden esgrimir para hacer esta modificación ahora", señalaba anoche Mario López, portavoz de la Asociación de Directores de Instituto de Madrid (Adimad). "Esta decisión va a resultar muy difícil de explicar", admitía.
Los padres de la adolescente han aceptado el traslado para "no convertir a Najwa en una mártir", según Said Bourhim, amigo de la familia. Pero emprenderán acciones judiciales. La familia se reunió el viernes con Iván Jiménez-Aybar, de 38 años, abogado zaragozano de extranjería. Tiene experiencia en la materia. Aspectos institucionales del estatuto jurídico del islam en España fue el título de su tesis doctoral.
Hace ya tres años una treintena de comunidades islámicas de Valencia se dirigieron a él tras constatar que la renovación del DNI era denegada a mujeres que entregaban fotografías con hiyab o, en el mejor de los casos, se les pedía, para aceptarlas, una certificación de la mezquita de que eran musulmanas.
Antes incluso de que el asunto llegase a los tribunales, el Defensor del Pueblo emitió un informe tras recibir una queja de Jiménez-Aybar. El pronunciamiento de Enrique Múgica incitó, a su vez, a la Dirección General de la Policía a rectificar.
En una circular enviada a las comisarías ordenó que se dieran por válidas las fotos con hiyab siempre y cuando se viera el óvalo de la cara, desde el mentón hasta el nacimiento del cabello. "Aquella batalla se ganó sin ruido", recuerda el letrado. "Por culpa de la mediatización Najwa, en cambio, ha dejado ya de ser un caso para convertirse en una causa", añade. "Eso encrespa los ánimos y dificulta alcanzar acuerdos", sostiene.El primero paso es un recurso de alzada contra la decisión de la Consejería de Educación que refrenda la actuación del colegio. Paralelamente será necesario recurrir al Defensor del Pueblo. Si la consejería ratifica de nuevo la decisión del centro, irá entonces al contencioso-administrativo. "Estamos dispuestos a llegar al Constitucional", recalca. Para entonces, Najwa ya podría estar realizando su sueño de estudiar la carrera de matemáticas en la universidad para convertirse en profesora.
Najwa Malha, de 16 años, regresó ayer a su instituto, con capucha y velo, pero no para asistir a clase sino para participar a una excursión. Fue, probablemente, su última actividad en el instituto Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Su madre, Fátima, le dio ayer de baja. La Consejería de Educación había anunciado ya en días previos un posible traslado a otro centro, el instituto San Juan de la Cruz, pero ayer cambió de forma urgente su normativa para impedir que se pueda dar clase con la cabeza cubierta, es decir, dejaron a la chica y a su hiyab fuera del centro.
Con una celeridad inhabitual la Consejería de Educación notificó, ayer mismo, el traslado de la alumna de cuarto de la ESO al Instituto Gerardo Diego, cuyo reglamento interno permite el uso del hiyab. Fue la propia consejería la que confirmó la reunión del consejo escolar en el centro San Juan de la Cruz. El cambio, que sorprendió a la administración, tuvo una respuesta tímida. Educación prepara una resolución para impedir a partir del próximo septiembre que los centros cambien sus reglamentos con el curso ya empezado.
La decisión del San Juan de la Cruz no sólo sorprendió a la consejería. "No sé qué argumento pueden esgrimir para hacer esta modificación ahora", señalaba anoche Mario López, portavoz de la Asociación de Directores de Instituto de Madrid (Adimad). "Esta decisión va a resultar muy difícil de explicar", admitía.
Los padres de la adolescente han aceptado el traslado para "no convertir a Najwa en una mártir", según Said Bourhim, amigo de la familia. Pero emprenderán acciones judiciales. La familia se reunió el viernes con Iván Jiménez-Aybar, de 38 años, abogado zaragozano de extranjería. Tiene experiencia en la materia. Aspectos institucionales del estatuto jurídico del islam en España fue el título de su tesis doctoral.
Hace ya tres años una treintena de comunidades islámicas de Valencia se dirigieron a él tras constatar que la renovación del DNI era denegada a mujeres que entregaban fotografías con hiyab o, en el mejor de los casos, se les pedía, para aceptarlas, una certificación de la mezquita de que eran musulmanas.
Antes incluso de que el asunto llegase a los tribunales, el Defensor del Pueblo emitió un informe tras recibir una queja de Jiménez-Aybar. El pronunciamiento de Enrique Múgica incitó, a su vez, a la Dirección General de la Policía a rectificar.
En una circular enviada a las comisarías ordenó que se dieran por válidas las fotos con hiyab siempre y cuando se viera el óvalo de la cara, desde el mentón hasta el nacimiento del cabello. "Aquella batalla se ganó sin ruido", recuerda el letrado. "Por culpa de la mediatización Najwa, en cambio, ha dejado ya de ser un caso para convertirse en una causa", añade. "Eso encrespa los ánimos y dificulta alcanzar acuerdos", sostiene.El primero paso es un recurso de alzada contra la decisión de la Consejería de Educación que refrenda la actuación del colegio. Paralelamente será necesario recurrir al Defensor del Pueblo. Si la consejería ratifica de nuevo la decisión del centro, irá entonces al contencioso-administrativo. "Estamos dispuestos a llegar al Constitucional", recalca. Para entonces, Najwa ya podría estar realizando su sueño de estudiar la carrera de matemáticas en la universidad para convertirse en profesora.
¿Seguro que España no es racista?
datos de hoy...
Badalona acumula 257 detenciones en los últimos 12 meses, casi la mitad españoles --120-- y el resto extranjeros, de los cuales 64 rumanos, 25 marroquíes y otras nacionalidades
Pues habra que echar tambien a Españoles..
Badalona acumula 257 detenciones en los últimos 12 meses, casi la mitad españoles --120-- y el resto extranjeros, de los cuales 64 rumanos, 25 marroquíes y otras nacionalidades
Pues habra que echar tambien a Españoles..
Más móviles que lavabos
En India, que con sus casi 1.200 millones de habitantes es el segundo país más poblado del mundo, hay más personas que tienen acceso a un teléfono móvil que a un cuarto de baño, según un informe de Naciones Unidas publicado este miércoles sobre cómo aumentar el acceso de la población a las condiciones sanitarias básicas.
"Es una ironía trágica que en India, un país que en la actualidad es lo bastante rico como para que más de la mitad de sus ciudadanos posean teléfonos móviles, en torno a 600 millones de personas no se puedan costear una necesidad tan básica y relativa a la dignidad humana como tener un servicio", afirmó Zafar Adeel, director del Instituto para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud de Naciones Unidas (IWEH, en sus cifras en inglés), basándose en los datos recogidos en 2008 por 27 agencias de la ONU.
En India existen 545 millones de teléfonos móviles en manos del 45 por ciento de la población, pero sólo 366 millones de personas (31 por ciento de la población), tenía acceso a unas condiciones sanitarias adecuadas en 2008.
Las recomendaciones de la ONU hechas públicas hoy abogan por que se aumenten los esfuerzos para que se reduzca a la mitad el número de personas con acceso a agua potable y a condiciones sanitarias básicas, que constituye uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.
De continuar la tendencia actual, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF auguran que para 2015 habrá en torno a mil millones de personas menos con acceso a condiciones sanitarias básicas respecto a lo que marcan los Objetivos del Milenio.
La Audiencia Nacional absuelve a los cinco directivos de 'Egunkaria'
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, ha absuelto a los cinco directivos del diario Egunkaria —el presidente del Consejo de Administración, Juan María Torrealday, los consejeros José María Auzmendi, Ignacio María Uría y Marcelo Otamendi y al último redactor jefe de la publicación, Javier Oleaga—, acusados de pertenecer a la organización terrorista ETA por impulsar la constitución del diario. (Leer sentencia en PDF).
La orden de cierre del diario Egunkaria "no tenía habilitación constitucional directa y carecía de una norma legal, especial y expresa que la autorizara", concluye la Audiencia.
Más aún: el diario no era una herramienta de ETA, y el simple análisis de la línea informativa "permitía descartar que el periódico fuera instrumento para la comisión de delitos". Las acusaciones fueron incapaces de acreditar "ni directa ni indirectamente" que Egunkaria defendiera los postulados de la banda terrorista, "haya publicado un solo artículo a favor del terrorismo o de los terroristas ni que su línea editorial tuviese siquiera un sesgo político determinado". " Esto último, además, no sería delictivo", recuerda la sala.
El fallo desmonta las denuncias presentadas por las acusaciones populares Dignidad y Justicia (DyJ) y Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), a los que la sala critica "lo artificioso" de sus hipótesis.
"La endeblez del punto de partida en la acusación es evidente, pues en el ámbito del derecho penal no basta con que una organización criminal utilice a personas físicas o jurídicas en su proyecto criminal, sino que es preciso que se demuestre que los utilizados (...) eran conscientes y actuaron voluntariamente en auxilio de la banda terrorista para favorecer la consecución de sus fines", indica.
Entre las conclusiones sobresale las implicaciones que tuvo la clausura del periódico: "De entre las diversas formas y modos de injerencia en la libertad de prensa, el cierre supone la mayor restricción, la suspensión o cancelación radical de todos los derechos relacionados con la emisión y recepción de información y opinión, de manera sistemática, afectando masivamente a derechos e intereses de múltiples personas -editores, profesionales de la información, escritores de prensa, colaboradores, suscriptores, lectores habituales y esporádicos- y de la propia sociedad", raza la sentencia.
El rotativo fue clausurado en febrero de 2003 por orden del juez Juan del Olmo. El 6 de diciembre de 1990 se vendió el primer número del periódico Euskaldunon Egunkaria, editado íntegramente en euskera con un capital de 10 millones de pesetas, unos 60.000 euros. Cuando el rotatitvo se intervino judicialmente ascendía a 1.670.000 euros.
"No se ha acreditado que parte alguna del capital social u otros recursos fueran de procedencia ilícita", aclara la sentencia, en la que se recalca que "tampoco consta envío o desvío de fondos o activos de clase alguna desde la sociedad editora o el diario a la banda terrorista ETA".
La sala, de hecho, desmonta los argumentos a los que se aferró el juez del Olmo para ordenar el cierre. Los editoriales de Egunkaria ni defendían "los postulados de ETA" ni mucho menos se escribían por "órdenes de ésta". En conclusión: no cabe interpretar que los procesados "fueran designados, estuvieran vinculados, colaboraran u obedecieran consignas" de la banda armada.
La sentencia aborda también a las denuncias de malos tratos formuladas por los acusados y señala que "no hubo un control judicial suficiente e eficiente de las condiciones de incomunicación" a las que se les sometió tras ser detenidos.
Satisfacción
"Es una de las mejores noticias que ha recibido en los últimos años", ha declarado tras conocer el fallo el director del periódico, Martxelo Otamendi.
De forma muy diferente han encajado la sentencia la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia (DyJ). A su juicio, supone "un duro golpe a la lucha contra el terrorismo" y advierten de que la indemnización que el Estado tendrá que pagar a los acusados "se convertirá en dinero para financiar el entorno terrorista".
"Por fin se ha hecho justicia con un caso que nunca debió ir a los tribunales", se ha felicitado el coordinador general de Ezker Batua-Berdeak (EB), Mikel Arana.
"Tras el largo y tortuoso proceso judicial que termina hoy, la FAPE exige a las autoridades competentes que reparen el daño ocasionado por el cierre del diario", ha reclamado la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).
Durante el juicio, que quedó visto para sentencia el pasado 1 de febrero, las acusaciones populares de Dignidad y Justicia (DyJ) y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) solicitaron penas de entre 12 y 14 años de prisión para los directivos del periódico Juan María Torrealdai, José María Auzmendi, Iñaki Uría, Martxelo Otamendi y Xabier Oleaga, al entender que ETA estaba detrás de la constitución del diario.
La Fiscalía pidió en diciembre de 2006 el archivo del proceso al no poderse acreditar "ni que el periódico sea fuente de financiación de ETA, ni que sea instrumento de blanqueo de capitales ilícitos procedentes de la banda". "No puede acreditarse que bajo la forma de un periódico legal estuviera ETA", abundó.
El ex presidente del Gobierno vasco Carlos Garaikoetxea dejó escrito en Público que el cierre del diario suponía "uno de los ataques más escandalosos a los derechos fundamentales, como la libertad de opinión, expresión y comunicación".
"Se nos hace difícil entender que estemos en el banquillo de los acusados por haber fundado desde la sociedad civil y dirigido el primer periódico diario en euskera, el sueño de los euskaltzales (impulsores de la lengua vasca) de las diferentes generaciones del siglo XX, un sueño muy anterior a la existencia de ETA", escribió por su parte, también en este diario, Joan Mari Torrealdai, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, académico de la Lengua Vasca.
Movilizaciones
La causa fue interpretada por gran parte de la sociedad en Euskadi como una agresión al euskera, la cultura vasca y la libertad de expresión. No pasó desapercibido: la causa ha suscitado un sinfín de movilizaciones.
Tras su cierre, desencadenó una de las mayores manifestaciones celebradas en Euskadi. Ante el inicio del juicio, el diario y los imputados han recibido también estas semanas la solidaridad de más de un centenar de escritores, de Euskadi y Catalunya especialmente, de la mayoría sindical del País Vasco, de representantes del deporte y de profesionales de distintos medios de comunicación, entre otros sectores.
Y yo me pregunto se podrian pedir responsabilidades politicas de este gran ataque a la libertad de expresion.. y gran cagada puesto que le puede costar al Estado 60 millones de euros en indemnizaciones por si acaso estos eran los altos cargos en 2003
Ministro del Interior.. Angel Acebes
Ministro de Justicia ... Jose Maria Michavila
Vicepresidente Primero (y Ministros del Interior hasta 2002) Mariano Rajoy
Presidente Jose Maria Aznar.
Ayuntamientos más endeudados de españa
el ministerio de economía y hacienda ha publicado el endeudamiento de los ayuntamientos de españa, que alcanzó el año pasado la cifra de 28.770 millones de euros.a continuación te ofrecemos los 100 ayuntamientos con mayores deudas de españa al cierre de 2009
municipio provincia deuda 31/12/2009
1. madrid madrid 6.776,9
2. valencia valencia 834,3
3. barcelona barcelona 791,7
4. zaragoza zaragoza 751,9
5. málaga málaga 719,8
6. sevilla sevilla 522,2
7. córdoba córdoba 312,6
8. murcia murcia 258,6
9. ceuta ceuta 195,4
10. palma palma 179,4
11. valladolid valladolid 167,7
12. granada granada 167,2
13. elche/elx alicante 161,9
14. alicante/alacant alicante 153,0
15. alcorcón madrid 146,2
16. tarragona tarragona 143,2
17. gijón/xixón asturias 140,1
18. salamanca salamanca 137,1
19. oviedo asturias 135,2
20. burgos burgos 133,4
21. santander santander 132,4
22. lleida lleida 130,6
23. cartagena murcia 129,5
24. móstoles madrid 125,5
25. badalona barcelona 118,6
26. vitoria-gasteiz vitoria-gasteiz 117,9
27. reus tarragona 117,8
28. palmas de gran canaria (las) las palmas 115,4
29. cádiz cádiz 108,5
30. castellón de la plana castellón de la plana 103,1
31. sabadell barcelona 102,6
32. santa cruz de tenerife santa cruz de tenerife 97,4
33. mataró barcelona 96,5
34. gandia valencia 95,8
35. terrassa barcelona 95,5
36. huelva huelva 94,2
37. benalmádena málaga 94,0
38. benidorm alicante 93,1
39. melilla melilla 91,3
40. hospitalet de llobregat (l') barcelona 90,2
41. jaén jaén 88,9
42. alcalá de henares madrid 88,1
43. donostia-san sebastián donostia-san sebastián 87,7
44. albacete albacete 85,2
45. jerez de la frontera cádiz 82,7
46. león león 81,5
47. ejido (el) almería 81,2
48. manresa barcelona 78,3
49. coruña (a) coruña (a) 76,1
50. telde gran canaria 75,2
en comparación con el año anterior, 446 municipios han aumentado su deuda más de un 100% en los últimos doce meses, entre ellos ceuta y cáceres, y en otros 380 ayuntamientos lo han hecho en más de un 50%. ello, a pesar de que el plan e ha servido para minimizar el déficit de los organismos municipales. El problema, que gran parte de los ingresos que reciben los consistorios vienen del sector inmobiliario, por lo que han caído drásticamente
Y 2011 no trae buenas perspectivas: finalizan los planes de estímulo y además, gran parte de los municipios tendrán que devolver al estado entregas a cuenta que éste les hiciera en su día para suavizar la caída de ingresos
municipio provincia deuda 31/12/2009
1. madrid madrid 6.776,9
2. valencia valencia 834,3
3. barcelona barcelona 791,7
4. zaragoza zaragoza 751,9
5. málaga málaga 719,8
6. sevilla sevilla 522,2
7. córdoba córdoba 312,6
8. murcia murcia 258,6
9. ceuta ceuta 195,4
10. palma palma 179,4
11. valladolid valladolid 167,7
12. granada granada 167,2
13. elche/elx alicante 161,9
14. alicante/alacant alicante 153,0
15. alcorcón madrid 146,2
16. tarragona tarragona 143,2
17. gijón/xixón asturias 140,1
18. salamanca salamanca 137,1
19. oviedo asturias 135,2
20. burgos burgos 133,4
21. santander santander 132,4
22. lleida lleida 130,6
23. cartagena murcia 129,5
24. móstoles madrid 125,5
25. badalona barcelona 118,6
26. vitoria-gasteiz vitoria-gasteiz 117,9
27. reus tarragona 117,8
28. palmas de gran canaria (las) las palmas 115,4
29. cádiz cádiz 108,5
30. castellón de la plana castellón de la plana 103,1
31. sabadell barcelona 102,6
32. santa cruz de tenerife santa cruz de tenerife 97,4
33. mataró barcelona 96,5
34. gandia valencia 95,8
35. terrassa barcelona 95,5
36. huelva huelva 94,2
37. benalmádena málaga 94,0
38. benidorm alicante 93,1
39. melilla melilla 91,3
40. hospitalet de llobregat (l') barcelona 90,2
41. jaén jaén 88,9
42. alcalá de henares madrid 88,1
43. donostia-san sebastián donostia-san sebastián 87,7
44. albacete albacete 85,2
45. jerez de la frontera cádiz 82,7
46. león león 81,5
47. ejido (el) almería 81,2
48. manresa barcelona 78,3
49. coruña (a) coruña (a) 76,1
50. telde gran canaria 75,2
en comparación con el año anterior, 446 municipios han aumentado su deuda más de un 100% en los últimos doce meses, entre ellos ceuta y cáceres, y en otros 380 ayuntamientos lo han hecho en más de un 50%. ello, a pesar de que el plan e ha servido para minimizar el déficit de los organismos municipales. El problema, que gran parte de los ingresos que reciben los consistorios vienen del sector inmobiliario, por lo que han caído drásticamente
Y 2011 no trae buenas perspectivas: finalizan los planes de estímulo y además, gran parte de los municipios tendrán que devolver al estado entregas a cuenta que éste les hiciera en su día para suavizar la caída de ingresos
Amnistía, amnesia y paramnesia
Por Pedro López, Miguel Ángel Rodriguez y Lydia Vicente
A efectos de las obligaciones que impone el derecho internacional, España parece seguir un comportamiento un tanto errático. No hace muchos días, Carlos Slepoy y Matías E. Garrido denunciaban en un artículo de prensa el comportamiento de España con los ciudadanos de países latinoamericanos, ciudadanos que son tratados con una evidente falta de reciprocidad con respecto a los ciudadanos españoles que viajan a aquellos países. Esto significa, denunciaban Slepoy y Garrido, una falta de respeto de España por los tratados que firma con otros países y que obligan tanto a la reciprocidad de trato como a la buena fe. ¿Se está convirtiendo España en lo que se ha dado en llamar un “Estado gamberro”?
En el asunto de los crímenes del franquismo el asunto es aún más peliagudo. El manto de silencio con el que se ha querido cubrir la peor etapa de la historia de España revela no sólo una falta de voluntad política del Estado español por dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales, sino una preocupante cobardía por parte de la clase política. Pero cuando este silencio está siendo desgarrado por la emergencia de tantos datos que van saliendo a partir de las investigaciones de historiadores, cuando ya es imposible desconocer la magnitud de los crímenes cometidos durante el genocidio de Franco y sus compinches, todavía las capas dirigentes de este país no son capaces de dar un paso adelante mirando de frente el asunto y cumpliendo con la legislación internacional en materia de violaciones de derechos humanos, que es clara y de obligado cumplimiento por parte del Estado. El escándalo internacional de la persecución del juez Garzón por considerar que investigar de forma efectiva y exhaustiva violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes internacionales es prevaricar, es mayúsculo. No se comprende fuera de España lo que está ocurriendo aquí. Por un lado, está la injerencia y perturbación a la independencia judicial que ello supone, tal y como resaltó en su día la Comisión Internacional de Juristas y más recientemente la American Bar Association. Por otro lado, la ilegal invocación de la Ley de Amnistía de 1977 para blindar estos crímenes es un bochorno internacional. En todo caso, parece sorprendente que nuestro Alto Tribunal, a estas alturas de evolución del Derecho Penal Internacional, sostenga e impulse una interpretación impropia del derecho que preconiza la exclusión de responsabilidades ante graves violaciones de los derechos humanos constitutivos de delitos bajo el Derecho Internacional y perpetúa la impunidad; interpretación que, por otro lado, podría generar responsabilidad internacional del Estado español por violación de las obligaciones que incumben al estado, de acuerdo al Derecho Internacional. El Comité de Derechos Humanos ha instado a España a que no se aplique esa ley en nuestros tribunales como una ley de punto final, completamente incompatible con el derecho internacional al pretender amnistíar crímenes de lesa humanidad. Igualmente, ha recomendado la creación de una comisión de expertos independientes encargada de restablecer la verdad histórica sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura franquista. El Comité contra la Tortura también ha recomendado adoptar medidas tendentes a asegurar que los actos de tortura, que también incluyen desapariciones forzadas, no sean crímenes sujetos a amnistía. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha recordado al Gobierno sus obligaciones con arreglo a la Declaración, en particular, que los Estados tienen el deber de realizar investigaciones exhaustivas e imparciales mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición forzada; deber que choca frontalmente con la aplicación de la amnistía, que a lo que lleva es a perpetuar la impunidad. Lo que queda absolutamente claro para las Naciones Unidas (cuyos acuerdos de paz por ejemplo, nunca pueden prometer amnistías por crímenes de genocidio, de guerra o de lesa humanidad o por infracciones graves de los derechos humanos) y para organizaciones de defensa de derechos humanos del prestigio de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos (red internacional que agrupa a 155 organizaciones de 100 países), es que esta ley es contraria al derecho internacional y no puede invocarse para dejar impunes crímenes de derecho internacional, como es el caso.
Pero todavía hay más con respecto a los que esgrimen la Ley de Amnistía de 1977. Para empezar, la propia Constitución Española determina en su artículo 61.i que no podrán autorizarse indultos generales, de tal suerte que la amnistía necesariamente ha desaparecido del Código Penal como forma de extinción de la responsabilidad penal. Pero incluso ignorando todo lo anterior, echemos un vistazo a lo que dice la propia Ley de Amnistía en su artículo 1: quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política (los crímenes de lesa humanidad –según el derecho internacional- no pueden considerarse crímenes políticos, pero podríamos hasta pasar esto por alto) “siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas”. La propia ley, por tanto, determina que hay actos que no pueden quedar cubiertos por el manto de la impunidad.
Incluso quienes no quieren admitir la calificación de los hechos ocurridos durante la guerra civil y el franquismo como crímenes de lesa humanidad, ¿aceptarán que los asesinatos, las torturas y detenciones ilegales sin razón del paradero de personas más el secuestro de niños suponen “violencia grave” contra las personas y que no serían amnistiables en ningún caso?
Además, según el artículo 9 de la Ley de Amnistía corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales la aplicación de la amnistía, y, por el momento, ni se ha solicitado expresamente tal aplicación ni se ha atribuido a personas concretas la responsabilidad penal de actos “de intencionalidad política” para, posteriormente, declarar extinguida esa responsabilidad. Y todo ello, porque tales cuestiones requieren de un proceso judicial que es lo que precisamente se ha pretendido evitar a toda costa. Hay que retorcer hasta lo indecible la legislación internacional, la Constitución Española y la propia Ley de Amnistía para la inadmisión que pretenden los defensores de la impunidad con la complicidad del Estado, parte de los fiscales y magistrados, y buena parte de la clase política.
En cuanto a la “amnesia”, el olvido -en este caso intencionado- de las víctimas del franquismo debería cubrir de vergüenza a una clase política que se pretende “demócrata”. Parece que hemos olvidado que España es parte del sistema de protección de los derechos humanos al ser miembro de las Naciones Unidas (fue admitida en dicha organización el 14 de diciembre de 1955), por lo que el Estado español es –por lo menos- responsable internacionalmente desde esa fecha por la infracción de las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas de 1945, cuyo artículo 55 establece que se promoverá el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, así como la efectividad de tales derechos y libertades.
Dejar que la historia franquista describa a los que defendieron el régimen legal y legítimo como alimañas y no responder adecuadamente, o sea, poniendo las cosas en su sitio sencillamente, revela una pusilanimidad incompatible con la reivindicación de un régimen democrático. Hay que recordar aquí la penosa versión que reciben los escolares españoles sobre la historia de la guerra civil y el franquismo. En absoluto les queda la idea, a partir de los textos escolares, de que España ha pasado una de las peores dictaduras que se hayan dado en la historia de la Humanidad.
Por último, cabe hablar metafóricamente de “paramnesia”. La paramnesia es una patología consistente en la elaboración falsos recuerdos. El maquillaje de la larga noche franquista como una suerte de autoritarismo yeyé, el negacionismo de su aterrador genocidio aún entre nosotros, y la presentación de una transición idílica que se ha pretendido exportar como modelo -de impunidad- a otros procesos transicionales han sido operaciones dirigidas desde arriba destinadas a fabricar una falsa memoria colectiva. El trabajo de historiadores y periodistas rigurosos que trabajan como una solvente base documental así lo demuestra. El mito de una transición plácida ha sido desmontado por periodistas como Alfredo Grimaldos o Mariano Sánchez Soler, que han rastreado la prensa de la transición para poner en evidencia que el número de muertos en esa época fue bastante superior al del período republicano, y hay que recordar que el golpe de estado de 1936 se justificó en base a la necesidad de poner orden en una sociedad convulsa y violenta. Más lo fue nuestra transición ejemplar, quién lo diría, y aún tenemos varios miles de fosas comunes entre nosotros 35 años después.
Pedro López López. Profesor de La Universidad Complutense y activista de derechos humanos.
Miguel Ángel Rodríguez Arias. Profesor de La Universidad de Castilla-La Mancha. Autor de “Los niños robados del franquismo. Crimen contra la Humanidad”.
Lydia Vicente Márquez. Abogada experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
A efectos de las obligaciones que impone el derecho internacional, España parece seguir un comportamiento un tanto errático. No hace muchos días, Carlos Slepoy y Matías E. Garrido denunciaban en un artículo de prensa el comportamiento de España con los ciudadanos de países latinoamericanos, ciudadanos que son tratados con una evidente falta de reciprocidad con respecto a los ciudadanos españoles que viajan a aquellos países. Esto significa, denunciaban Slepoy y Garrido, una falta de respeto de España por los tratados que firma con otros países y que obligan tanto a la reciprocidad de trato como a la buena fe. ¿Se está convirtiendo España en lo que se ha dado en llamar un “Estado gamberro”?
En el asunto de los crímenes del franquismo el asunto es aún más peliagudo. El manto de silencio con el que se ha querido cubrir la peor etapa de la historia de España revela no sólo una falta de voluntad política del Estado español por dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales, sino una preocupante cobardía por parte de la clase política. Pero cuando este silencio está siendo desgarrado por la emergencia de tantos datos que van saliendo a partir de las investigaciones de historiadores, cuando ya es imposible desconocer la magnitud de los crímenes cometidos durante el genocidio de Franco y sus compinches, todavía las capas dirigentes de este país no son capaces de dar un paso adelante mirando de frente el asunto y cumpliendo con la legislación internacional en materia de violaciones de derechos humanos, que es clara y de obligado cumplimiento por parte del Estado. El escándalo internacional de la persecución del juez Garzón por considerar que investigar de forma efectiva y exhaustiva violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes internacionales es prevaricar, es mayúsculo. No se comprende fuera de España lo que está ocurriendo aquí. Por un lado, está la injerencia y perturbación a la independencia judicial que ello supone, tal y como resaltó en su día la Comisión Internacional de Juristas y más recientemente la American Bar Association. Por otro lado, la ilegal invocación de la Ley de Amnistía de 1977 para blindar estos crímenes es un bochorno internacional. En todo caso, parece sorprendente que nuestro Alto Tribunal, a estas alturas de evolución del Derecho Penal Internacional, sostenga e impulse una interpretación impropia del derecho que preconiza la exclusión de responsabilidades ante graves violaciones de los derechos humanos constitutivos de delitos bajo el Derecho Internacional y perpetúa la impunidad; interpretación que, por otro lado, podría generar responsabilidad internacional del Estado español por violación de las obligaciones que incumben al estado, de acuerdo al Derecho Internacional. El Comité de Derechos Humanos ha instado a España a que no se aplique esa ley en nuestros tribunales como una ley de punto final, completamente incompatible con el derecho internacional al pretender amnistíar crímenes de lesa humanidad. Igualmente, ha recomendado la creación de una comisión de expertos independientes encargada de restablecer la verdad histórica sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura franquista. El Comité contra la Tortura también ha recomendado adoptar medidas tendentes a asegurar que los actos de tortura, que también incluyen desapariciones forzadas, no sean crímenes sujetos a amnistía. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha recordado al Gobierno sus obligaciones con arreglo a la Declaración, en particular, que los Estados tienen el deber de realizar investigaciones exhaustivas e imparciales mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición forzada; deber que choca frontalmente con la aplicación de la amnistía, que a lo que lleva es a perpetuar la impunidad. Lo que queda absolutamente claro para las Naciones Unidas (cuyos acuerdos de paz por ejemplo, nunca pueden prometer amnistías por crímenes de genocidio, de guerra o de lesa humanidad o por infracciones graves de los derechos humanos) y para organizaciones de defensa de derechos humanos del prestigio de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos (red internacional que agrupa a 155 organizaciones de 100 países), es que esta ley es contraria al derecho internacional y no puede invocarse para dejar impunes crímenes de derecho internacional, como es el caso.
Pero todavía hay más con respecto a los que esgrimen la Ley de Amnistía de 1977. Para empezar, la propia Constitución Española determina en su artículo 61.i que no podrán autorizarse indultos generales, de tal suerte que la amnistía necesariamente ha desaparecido del Código Penal como forma de extinción de la responsabilidad penal. Pero incluso ignorando todo lo anterior, echemos un vistazo a lo que dice la propia Ley de Amnistía en su artículo 1: quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política (los crímenes de lesa humanidad –según el derecho internacional- no pueden considerarse crímenes políticos, pero podríamos hasta pasar esto por alto) “siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas”. La propia ley, por tanto, determina que hay actos que no pueden quedar cubiertos por el manto de la impunidad.
Incluso quienes no quieren admitir la calificación de los hechos ocurridos durante la guerra civil y el franquismo como crímenes de lesa humanidad, ¿aceptarán que los asesinatos, las torturas y detenciones ilegales sin razón del paradero de personas más el secuestro de niños suponen “violencia grave” contra las personas y que no serían amnistiables en ningún caso?
Además, según el artículo 9 de la Ley de Amnistía corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales la aplicación de la amnistía, y, por el momento, ni se ha solicitado expresamente tal aplicación ni se ha atribuido a personas concretas la responsabilidad penal de actos “de intencionalidad política” para, posteriormente, declarar extinguida esa responsabilidad. Y todo ello, porque tales cuestiones requieren de un proceso judicial que es lo que precisamente se ha pretendido evitar a toda costa. Hay que retorcer hasta lo indecible la legislación internacional, la Constitución Española y la propia Ley de Amnistía para la inadmisión que pretenden los defensores de la impunidad con la complicidad del Estado, parte de los fiscales y magistrados, y buena parte de la clase política.
En cuanto a la “amnesia”, el olvido -en este caso intencionado- de las víctimas del franquismo debería cubrir de vergüenza a una clase política que se pretende “demócrata”. Parece que hemos olvidado que España es parte del sistema de protección de los derechos humanos al ser miembro de las Naciones Unidas (fue admitida en dicha organización el 14 de diciembre de 1955), por lo que el Estado español es –por lo menos- responsable internacionalmente desde esa fecha por la infracción de las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas de 1945, cuyo artículo 55 establece que se promoverá el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, así como la efectividad de tales derechos y libertades.
Dejar que la historia franquista describa a los que defendieron el régimen legal y legítimo como alimañas y no responder adecuadamente, o sea, poniendo las cosas en su sitio sencillamente, revela una pusilanimidad incompatible con la reivindicación de un régimen democrático. Hay que recordar aquí la penosa versión que reciben los escolares españoles sobre la historia de la guerra civil y el franquismo. En absoluto les queda la idea, a partir de los textos escolares, de que España ha pasado una de las peores dictaduras que se hayan dado en la historia de la Humanidad.
Por último, cabe hablar metafóricamente de “paramnesia”. La paramnesia es una patología consistente en la elaboración falsos recuerdos. El maquillaje de la larga noche franquista como una suerte de autoritarismo yeyé, el negacionismo de su aterrador genocidio aún entre nosotros, y la presentación de una transición idílica que se ha pretendido exportar como modelo -de impunidad- a otros procesos transicionales han sido operaciones dirigidas desde arriba destinadas a fabricar una falsa memoria colectiva. El trabajo de historiadores y periodistas rigurosos que trabajan como una solvente base documental así lo demuestra. El mito de una transición plácida ha sido desmontado por periodistas como Alfredo Grimaldos o Mariano Sánchez Soler, que han rastreado la prensa de la transición para poner en evidencia que el número de muertos en esa época fue bastante superior al del período republicano, y hay que recordar que el golpe de estado de 1936 se justificó en base a la necesidad de poner orden en una sociedad convulsa y violenta. Más lo fue nuestra transición ejemplar, quién lo diría, y aún tenemos varios miles de fosas comunes entre nosotros 35 años después.
Pedro López López. Profesor de La Universidad Complutense y activista de derechos humanos.
Miguel Ángel Rodríguez Arias. Profesor de La Universidad de Castilla-La Mancha. Autor de “Los niños robados del franquismo. Crimen contra la Humanidad”.
Lydia Vicente Márquez. Abogada experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Los problemas de los españoles
Por José Luis González Quirós
El CIS viene preguntando desde hace tiempo a los españoles sobre cuáles son, a su juicio, los tres problemas que más nos afectan. Se ha subrayado el disgusto con los políticos, puesto que un 21,6% de españoles los identifican como uno de los problemas que padecen. Los otros dos problemas son el paro, identificado por un 82,9%, y la crisis económica, que es señalada por un 45,3%.
¿Qué quiere decir todo esto? Desde que la democracia se estableció en España, no ya como un ideal, sino como un sistema político, se han hecho muy frecuentes los halagos al ya casi proverbial buen sentido de los electores, a la responsabilidad de los ciudadanos, a su sentido de la oportunidad política y un largo etcétera de supuestas virtudes cívicas. Sin embargo, si se mira más de cerca el asunto, esos elogios pueden ser, además de interesados, bastante improcedentes.
Nadie puede negar que el paro y/o la crisis constituyan una amenaza seria, ni que los políticos actúen de manera escasamente admirable. La cuestión importante es, sin embargo, otra. ¿Hasta qué punto es la sociedad española consciente de que esos problemas no constituyen un mal sobrevenido, sino que son la consecuencia obvia de nuestros comportamientos personales, de nuestras acciones y omisiones?
En lugar de elogiar al pueblo soberano, sería interesante hacerle ver que eso que nos pasa es, sobre todo, consecuencia de lo que hacemos, de las decisiones que tomamos, de nuestras costumbres y de nuestros valores.
Que los españoles prefieran la seguridad al riesgo, por ejemplo, no es algo irrelevante, de modo que cuando eligen ser funcionarios, en lugar de atreverse a iniciar nuevos negocios, no están ayudando mucho a fortalecer la economía productiva. Que los españoles abusen de las normas laborales (creando formas de absentismo que debieran ser delictivas), o usen los recursos de la sanidad pública de manera irresponsable, tampoco es algo que contribuya a hacernos más solventes y eficientes. Es preocupante que los españoles puedan ver la crisis económica o el paro como acontecimientos geológicos enteramente ajenos a sus hábitos y a sus conductas, y es sangrante que continúen sosteniendo a gobiernos que les repiten esa explicación insensata, o que les prometen el cielo, omitiendo cuidadosamente que habrán de pagarlo ellos, pese a que no lleguen a disfrutarlo nunca.
Atribuir a otros nuestros males
Los españoles deberían acostumbrarse a ser menos indulgentes consigo mismos para poder ser mucho más exigentes con los demás. Que, por ejemplo, un profesor no atienda a sus alumnos, no esté al día en su materia, o no procure la mejora de la institución en que trabaja, y se queje de los males del país es de una hipocresía refinada. Nuestra costumbre de buscar chivos expiatorios lejos de nosotros mismos podrá ser psicológicamente interesante, pero es de una ineficacia prodigiosa además de intelectualmente indecente.
Esta manía de atribuir a otros nuestros males es doblemente absurda e impotente en lo que se refiere a la crítica de la clase política. Cuando los miembros de un partido se quejan, por ejemplo, de que la corrupción de algunos les afecta, habría que preguntarles qué han hecho ellos para garantizar que se respete la democracia interna, o para procurar que las cuentas del partido sean limpias. Pero si han consentido en el secreto y en la cooptación, no tienen ningún derecho a quejarse de que la corrupción les manche, porque es el fruto maduro, como mínimo, de su indolencia y de su tolerancia con algo frontalmente opuesto a cualquier idea de la democracia.
Cuando se les acusa de corrupción, los partidos corren presurosos a refugiarse en la presunción de inocencia, para que, con la ayuda de la lentitud de la justicia, su politización y su manifiesta incompetencia, todo pueda acabar en rumores irresponsables que extiende el enemigo; con comportamientos de este tipo se permiten no hacer nada para evitar la corrupción, porque su condescendencia con ella es la otra cara de una subversión de fondo del sistema, de la absoluta ausencia de democracia interna, del cesarismo general de sus cargos internos, más intenso cuanto más cerca nos hallemos de la cúpula.
¿Es que los ciudadanos son responsables también de esto? Pues claro que sí, ¿quién si no? Es ridículo pretender que los males se vayan a arreglar por sí mismos, y que quienes viven espléndidamente abusando de los demás vayan a dejar de hacerlo por un ataque súbito de decencia. Esta regla es válida en todos los entornos, los negocios, la actividad profesional, la función pública, las relaciones del consumidor con las empresas, etc. pero es especialmente aplicable a la política. Solo si los ciudadanos promueven una cultura de trasparencia, competencia y rendición de cuentas, seremos capaces de acabar con los problemas que se originan en nuestra pasividad y en nuestra boba complacencia con las monsergas que nos endilgan, mientras nos aligeran la cartera.
El CIS viene preguntando desde hace tiempo a los españoles sobre cuáles son, a su juicio, los tres problemas que más nos afectan. Se ha subrayado el disgusto con los políticos, puesto que un 21,6% de españoles los identifican como uno de los problemas que padecen. Los otros dos problemas son el paro, identificado por un 82,9%, y la crisis económica, que es señalada por un 45,3%.
¿Qué quiere decir todo esto? Desde que la democracia se estableció en España, no ya como un ideal, sino como un sistema político, se han hecho muy frecuentes los halagos al ya casi proverbial buen sentido de los electores, a la responsabilidad de los ciudadanos, a su sentido de la oportunidad política y un largo etcétera de supuestas virtudes cívicas. Sin embargo, si se mira más de cerca el asunto, esos elogios pueden ser, además de interesados, bastante improcedentes.
Nadie puede negar que el paro y/o la crisis constituyan una amenaza seria, ni que los políticos actúen de manera escasamente admirable. La cuestión importante es, sin embargo, otra. ¿Hasta qué punto es la sociedad española consciente de que esos problemas no constituyen un mal sobrevenido, sino que son la consecuencia obvia de nuestros comportamientos personales, de nuestras acciones y omisiones?
En lugar de elogiar al pueblo soberano, sería interesante hacerle ver que eso que nos pasa es, sobre todo, consecuencia de lo que hacemos, de las decisiones que tomamos, de nuestras costumbres y de nuestros valores.
Que los españoles prefieran la seguridad al riesgo, por ejemplo, no es algo irrelevante, de modo que cuando eligen ser funcionarios, en lugar de atreverse a iniciar nuevos negocios, no están ayudando mucho a fortalecer la economía productiva. Que los españoles abusen de las normas laborales (creando formas de absentismo que debieran ser delictivas), o usen los recursos de la sanidad pública de manera irresponsable, tampoco es algo que contribuya a hacernos más solventes y eficientes. Es preocupante que los españoles puedan ver la crisis económica o el paro como acontecimientos geológicos enteramente ajenos a sus hábitos y a sus conductas, y es sangrante que continúen sosteniendo a gobiernos que les repiten esa explicación insensata, o que les prometen el cielo, omitiendo cuidadosamente que habrán de pagarlo ellos, pese a que no lleguen a disfrutarlo nunca.
Atribuir a otros nuestros males
Los españoles deberían acostumbrarse a ser menos indulgentes consigo mismos para poder ser mucho más exigentes con los demás. Que, por ejemplo, un profesor no atienda a sus alumnos, no esté al día en su materia, o no procure la mejora de la institución en que trabaja, y se queje de los males del país es de una hipocresía refinada. Nuestra costumbre de buscar chivos expiatorios lejos de nosotros mismos podrá ser psicológicamente interesante, pero es de una ineficacia prodigiosa además de intelectualmente indecente.
Esta manía de atribuir a otros nuestros males es doblemente absurda e impotente en lo que se refiere a la crítica de la clase política. Cuando los miembros de un partido se quejan, por ejemplo, de que la corrupción de algunos les afecta, habría que preguntarles qué han hecho ellos para garantizar que se respete la democracia interna, o para procurar que las cuentas del partido sean limpias. Pero si han consentido en el secreto y en la cooptación, no tienen ningún derecho a quejarse de que la corrupción les manche, porque es el fruto maduro, como mínimo, de su indolencia y de su tolerancia con algo frontalmente opuesto a cualquier idea de la democracia.
Cuando se les acusa de corrupción, los partidos corren presurosos a refugiarse en la presunción de inocencia, para que, con la ayuda de la lentitud de la justicia, su politización y su manifiesta incompetencia, todo pueda acabar en rumores irresponsables que extiende el enemigo; con comportamientos de este tipo se permiten no hacer nada para evitar la corrupción, porque su condescendencia con ella es la otra cara de una subversión de fondo del sistema, de la absoluta ausencia de democracia interna, del cesarismo general de sus cargos internos, más intenso cuanto más cerca nos hallemos de la cúpula.
¿Es que los ciudadanos son responsables también de esto? Pues claro que sí, ¿quién si no? Es ridículo pretender que los males se vayan a arreglar por sí mismos, y que quienes viven espléndidamente abusando de los demás vayan a dejar de hacerlo por un ataque súbito de decencia. Esta regla es válida en todos los entornos, los negocios, la actividad profesional, la función pública, las relaciones del consumidor con las empresas, etc. pero es especialmente aplicable a la política. Solo si los ciudadanos promueven una cultura de trasparencia, competencia y rendición de cuentas, seremos capaces de acabar con los problemas que se originan en nuestra pasividad y en nuestra boba complacencia con las monsergas que nos endilgan, mientras nos aligeran la cartera.
Lula: si la ONU creó Israel, debe crear un Estado palestino
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva dijo hoy que si las Naciones Unidas tuvieron "la fuerza" necesaria para crear el Estado de Israel, deberán tenerla también para aceptar la creación de un Estado palestino. "Ya el mundo no puede aceptar la supremacía de un Estado sobre otro", declaró.
Lula sostuvo que, en el caso de Oriente Medio, persiste la idea de que "sólo Estados Unidos o Europa pueden conseguir la paz", pero apuntó que "no lo hicieron", por lo que ha decidido ofrecer a Brasil como mediador.
Según el mandatario, "es preciso sentar a todos" los actores del conflicto en la mesa de negociaciones e incluso conversar con cada uno de ellos, entre los que citó a Hamás.
Lula puso como ejemplo de su política conciliadora que es capaz de dialogar con personalidades tan distantes, como los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Venezuela, Hugo Chávez.
"Yo abrazo a Obama y abrazo a Chávez, porque un jefe de Estado se relaciona con otros jefes de Estado, aunque muchos piensen que debe ser diferente", afirmó.
También reiteró su posición en favor de una amplia reforma de las Naciones Unidas, porque está convencido de que ese organismo "debe representar al mundo del Siglo XXI y no al de la década de los cuarenta".
Según Lula, debe haber "más países con poder de decisión" y la ONU no puede rendirse "a la supremacía de los que tienen dinero" o de "los que creen que son dueños de las decisiones".
Lula sostuvo que, en el caso de Oriente Medio, persiste la idea de que "sólo Estados Unidos o Europa pueden conseguir la paz", pero apuntó que "no lo hicieron", por lo que ha decidido ofrecer a Brasil como mediador.
Según el mandatario, "es preciso sentar a todos" los actores del conflicto en la mesa de negociaciones e incluso conversar con cada uno de ellos, entre los que citó a Hamás.
Lula puso como ejemplo de su política conciliadora que es capaz de dialogar con personalidades tan distantes, como los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Venezuela, Hugo Chávez.
"Yo abrazo a Obama y abrazo a Chávez, porque un jefe de Estado se relaciona con otros jefes de Estado, aunque muchos piensen que debe ser diferente", afirmó.
También reiteró su posición en favor de una amplia reforma de las Naciones Unidas, porque está convencido de que ese organismo "debe representar al mundo del Siglo XXI y no al de la década de los cuarenta".
Según Lula, debe haber "más países con poder de decisión" y la ONU no puede rendirse "a la supremacía de los que tienen dinero" o de "los que creen que son dueños de las decisiones".
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