Como quien clama en el desierto, Rosa Díez lleva desde el pasado mes de abril calificando de «privilegiado» el régimen de jubilación de sus señorías y pidiendo su reforma. Tras ocho meses de silencio, el Congreso y el Senado respondieron ayer a la diputada de UPyD. Las Mesas de ambas cámaras consideran apropiado el sistema actual y rechazan cualquier modificación del mismo.
Como «válido y adecuado» lo describieron los congresistas y diputados reunidos en las Mesas para analizar la propuesta de la líder de UPyD. El pasado 30 de abril, Díez planteó por escrito a los presidentes del Congreso y del Senado, José Bono y Javier Rojo, revisar el modelo de pensiones de los parlamentarios, que, aprobado en 2006, permite a estos acceder a una pensión del 80% con solo siete años de actividad parlamentaria y al 100% de la misma con 12 años cotizados y 60 años de edad cumplidos.
En contra, el resto de cotizantes deben cumplir 15 años trabajados para acceder a la pensión mínima, del 50%; a la prestación completa, hoy, se llega con 35 años cotizados y 65 años de edad. Por eso, lo que Díez ha venido defendiendo es que sus señorías se sometan al mismo régimen de jubilación que el resto de españoles, por considerar los derechos de los que ahora mismo gozan «inalcanzables» para el resto de trabajadores.
Por su parte, tanto el Congreso como el Senado vienen argumentando que más que de una pensión, la prestación a sus señorías es un complemento que se suma a la cotización de los ex parlamentarios. Y que, en cualquier caso, ese complemento es «reducidísimo» —en palabras de Bono— y que son «unas decenas» de diputados los que se acogen a él.
El Pacto de Toledo se rebela
Mientras tanto, el Pacto de Toledo se volvía a reunir ayer. El encuentro de los grupos parlamentarios sirvió básicamente para que estos escenificaran su rechazo a la actitud del Gobierno ante esta reforma. La oposición al completo denunció el «menosprecio» del Ejecutivo socialista a las recomendaciones que están saliendo de esa comisión y la premura a la que estaría sometiendo al Pacto para cerrar el debate cuanto antes. «El Pacto de Toledo da la razón a la oposición», sentenció Carles Campuzano, de CiU.
Como fuere, el Pacto, que hoy se vuelve a reunir, acordó ayer exigir a Moncloa una mejora de las pensiones de viudedad para los mayores de 65 años, asegurándoles una renta similar a la existente antes del fallecimiento del cónyuge, y una de la de orfandad hasta los 25 años para personas solas con hijos a cargo. Y usó además una de las 23 recomendaciones de su texto para lanzar «una crítica contundente» a la congelación de las pensiones aprobada para 2011.
Jornada laboral de 30 horas
Del blog Son Malos Tiempos.
Actualmente el mayor problema en España es el paro galopante que sufrimos. Pocas regiones habrá en el mundo con una tasa de paro del 20% y con sus ciudadanos más o menos tranquilos y en casa. Y más aun teniendo en cuenta que el paro juvenil, uno de los sectores tradicionalmente más activos en lo que a protestas se refiere, ronda el 40%. Y el problema no es solo el paro. Sin entrar en las implicaciones personales, un parado significa un paro, un subsidio o una ayuda más a pagar, un sueldo menos para gastar en bienes y servicios, una cotización a la seguridad social menos, etc. Lo que a la larga repercute en todo tipo de ámbitos y sectores económicos: desde el pequeño comercio que ve reducidos sus clientes porque ahora están en el paro hasta el jubilado que ve congelada su pensión porque a la seguridad social no cotizan tantos como antes.
Ante semejante problema a mí, sin tener ni idea de economía (y de ahí quizá mi atrevimiento), se me ocurre la siguiente solución: si no hay trabajo para todos, trabajemos todos un poco menos. Puede que esté diciendo una autentica barbaridad, pero navegando un poco por internet no parece algo nuevo. Sin ir demasiado lejos, en Alemania recientemente reducir la jornada laboral a 30 horas semanales ha salvado 1 millón de empleos. Ahí es nada. Nada más y nada menos que 1 millón.
Por otro lado, creo que es de dominio público que las condiciones laborales en España son bastante peores que en el resto de Europa. Desde la jornada laboral semanal hasta la anual, pasando por la productividad o la conciliación de la vida con el trabajo. Y en mi opinión buena culpa de esto son las 40 horas de trabajo semanal con las que contamos. 8 horas para una persona con una carga familiar pueden resultar agotadoras, lo que influirá de manera directa en su productividad, en su estado de ánimo y en sus ganas de ir a trabajar al día siguiente. De nuevo, esto puede solucionarse mediante una reducción de la jornada laboral. Con la legislación actual en la mano, toda persona puede reducir su jornada entre un 12.5% y un 50% por guardia legal de un menor de 8 años. Sin embargo, esta reducción de jornada viene junto con una reducción proporcional del sueldo, y aunque mucha gente esté dispuesta a trabajar menos aun cobrando menos, muchos no pueden permitírselo.
Pues a mi entender todo esto se solucionaría estableciendo una jornada laboral de 30 horas. Haciendo números de forma rápida, reducir la jornada laboral en un 25% haría necesaria la contratación de hasta un 25% más de trabajadores para suplir ese hueco. Si actualmente la población activa española ronda los 18 millones de empleados, el 25% supone algo más de 4 millones de personas a contratar. Y de paso solucionamos a su vez otros problemas como la productividad o la conciliación de la vida privada con la laboral. Lógicamente un medida así no produciría la contratación de semejante cantidad de personas paradas, pero si de una buena parte de las mismas.
Pero claro, una medida así debería llevarse a cabo sin una reducción proporcional del sueldo de los trabajadores. Y aquí es donde nos encontraríamos con la oposición de todos los empresarios del país, que con su infame jefe a la cabeza, prefieren que trabajemos mas cobrando menos. Pues bien, no creo que a Telefónica, por poner un ejemplo, le resulte un gran esfuerzo aumentar su plantilla en España de 51.000 personas a las 63.750. Estas 12.750 personas a una media de 26.000 euros anuales de sueldo supondrían un aumento de los gastos en algo más de 300 millones de euros. Puede parecer mucho, pero sin tener en cuenta el consiguiente aumento de la productividad (y por tanto de los beneficios), los beneficios netos de la empresa bajarían de los 7.700 millones a los 7.400 millones. Que me perdonen los señores de la Telefónica, pero con directivos cobrando 2,5 millones al año no me parece mucho. Y estos cálculos se repetirían con el resto de grandes empresas y bancos, que pese a la crisis, trimestre tras trimestre anuncian record de beneficios.
Comprendo que una buena parte de los comercios y pequeñas y medianas empresas no puedan permitirse la contratación de nuevas personas. Sin embargo aquí podría ofrecer el estado algún tipo de ayuda o subvención. Con el dinero ahorrado en paros y subsidios, mas el incremento en la recaudación de impuestos, podría subvencionar una buena parte de los gastos a los que estas empresas deberían hacer frente, hasta que la situación se normalice y el consumo se reactive.
En definitiva, y en un intento de resumir las ideas que torpemente he tratado de trasmitir, a mí entender una reducción de la jornada laboral a 30 horas solucionaría los siguientes problemas:
· El paro se reduciría considerablemente ante la necesidad de cubrir las horas no trabajadas.
· Se reducen los gastos públicos en prestación y ayudas por desempleo.
· Al haber más gente trabajando, existirían más sueldos para gastar y el consumo se reactivaría.
· Los ingresos del estado por IRPF aumentarían considerablemente, lo que daría al estado mayor poder adquisitivo para hacer frente a otros problemas como la deuda pública.
· Las cotizaciones a la seguridad social subirían en igual medida, no haciendo necesaria la congelación de las pensiones o la cancelación de ayudas a gente necesitada.
· Al reducirse las horas trabajadas al día aumentaría la productividad de los empleados españoles, por consiguiente la competitividad y por tanto los beneficios de sus empresas.
· Se lograría un mayor reparto de la riqueza aumentando los gastos de las empresas a cambio de un aumento de las personas asalariadas.
· Mejoraría la conciliación de la vida privada de las personas con el trabajo.
· Y en definitiva, mejoraría la calidad de vida de las personas.
Navegando por internet he encontrado algún que otro partido político o sindicato que en su programa recoge medidas similares. Sin embargo me sorprende que en la situación en la que estamos ni el gobierno ni la oposición se haya siquiera planteado reducir la jornada laboral para que más gente pueda trabajar, máxime cuando ha funcionado en otros países. ¿Es una solución demasiado utópica? ¿tan difícil es hacer que el pueblo disfrute de la vida?
Actualmente el mayor problema en España es el paro galopante que sufrimos. Pocas regiones habrá en el mundo con una tasa de paro del 20% y con sus ciudadanos más o menos tranquilos y en casa. Y más aun teniendo en cuenta que el paro juvenil, uno de los sectores tradicionalmente más activos en lo que a protestas se refiere, ronda el 40%. Y el problema no es solo el paro. Sin entrar en las implicaciones personales, un parado significa un paro, un subsidio o una ayuda más a pagar, un sueldo menos para gastar en bienes y servicios, una cotización a la seguridad social menos, etc. Lo que a la larga repercute en todo tipo de ámbitos y sectores económicos: desde el pequeño comercio que ve reducidos sus clientes porque ahora están en el paro hasta el jubilado que ve congelada su pensión porque a la seguridad social no cotizan tantos como antes.
Ante semejante problema a mí, sin tener ni idea de economía (y de ahí quizá mi atrevimiento), se me ocurre la siguiente solución: si no hay trabajo para todos, trabajemos todos un poco menos. Puede que esté diciendo una autentica barbaridad, pero navegando un poco por internet no parece algo nuevo. Sin ir demasiado lejos, en Alemania recientemente reducir la jornada laboral a 30 horas semanales ha salvado 1 millón de empleos. Ahí es nada. Nada más y nada menos que 1 millón.
Por otro lado, creo que es de dominio público que las condiciones laborales en España son bastante peores que en el resto de Europa. Desde la jornada laboral semanal hasta la anual, pasando por la productividad o la conciliación de la vida con el trabajo. Y en mi opinión buena culpa de esto son las 40 horas de trabajo semanal con las que contamos. 8 horas para una persona con una carga familiar pueden resultar agotadoras, lo que influirá de manera directa en su productividad, en su estado de ánimo y en sus ganas de ir a trabajar al día siguiente. De nuevo, esto puede solucionarse mediante una reducción de la jornada laboral. Con la legislación actual en la mano, toda persona puede reducir su jornada entre un 12.5% y un 50% por guardia legal de un menor de 8 años. Sin embargo, esta reducción de jornada viene junto con una reducción proporcional del sueldo, y aunque mucha gente esté dispuesta a trabajar menos aun cobrando menos, muchos no pueden permitírselo.
Pues a mi entender todo esto se solucionaría estableciendo una jornada laboral de 30 horas. Haciendo números de forma rápida, reducir la jornada laboral en un 25% haría necesaria la contratación de hasta un 25% más de trabajadores para suplir ese hueco. Si actualmente la población activa española ronda los 18 millones de empleados, el 25% supone algo más de 4 millones de personas a contratar. Y de paso solucionamos a su vez otros problemas como la productividad o la conciliación de la vida privada con la laboral. Lógicamente un medida así no produciría la contratación de semejante cantidad de personas paradas, pero si de una buena parte de las mismas.
Pero claro, una medida así debería llevarse a cabo sin una reducción proporcional del sueldo de los trabajadores. Y aquí es donde nos encontraríamos con la oposición de todos los empresarios del país, que con su infame jefe a la cabeza, prefieren que trabajemos mas cobrando menos. Pues bien, no creo que a Telefónica, por poner un ejemplo, le resulte un gran esfuerzo aumentar su plantilla en España de 51.000 personas a las 63.750. Estas 12.750 personas a una media de 26.000 euros anuales de sueldo supondrían un aumento de los gastos en algo más de 300 millones de euros. Puede parecer mucho, pero sin tener en cuenta el consiguiente aumento de la productividad (y por tanto de los beneficios), los beneficios netos de la empresa bajarían de los 7.700 millones a los 7.400 millones. Que me perdonen los señores de la Telefónica, pero con directivos cobrando 2,5 millones al año no me parece mucho. Y estos cálculos se repetirían con el resto de grandes empresas y bancos, que pese a la crisis, trimestre tras trimestre anuncian record de beneficios.
Comprendo que una buena parte de los comercios y pequeñas y medianas empresas no puedan permitirse la contratación de nuevas personas. Sin embargo aquí podría ofrecer el estado algún tipo de ayuda o subvención. Con el dinero ahorrado en paros y subsidios, mas el incremento en la recaudación de impuestos, podría subvencionar una buena parte de los gastos a los que estas empresas deberían hacer frente, hasta que la situación se normalice y el consumo se reactive.
En definitiva, y en un intento de resumir las ideas que torpemente he tratado de trasmitir, a mí entender una reducción de la jornada laboral a 30 horas solucionaría los siguientes problemas:
· El paro se reduciría considerablemente ante la necesidad de cubrir las horas no trabajadas.
· Se reducen los gastos públicos en prestación y ayudas por desempleo.
· Al haber más gente trabajando, existirían más sueldos para gastar y el consumo se reactivaría.
· Los ingresos del estado por IRPF aumentarían considerablemente, lo que daría al estado mayor poder adquisitivo para hacer frente a otros problemas como la deuda pública.
· Las cotizaciones a la seguridad social subirían en igual medida, no haciendo necesaria la congelación de las pensiones o la cancelación de ayudas a gente necesitada.
· Al reducirse las horas trabajadas al día aumentaría la productividad de los empleados españoles, por consiguiente la competitividad y por tanto los beneficios de sus empresas.
· Se lograría un mayor reparto de la riqueza aumentando los gastos de las empresas a cambio de un aumento de las personas asalariadas.
· Mejoraría la conciliación de la vida privada de las personas con el trabajo.
· Y en definitiva, mejoraría la calidad de vida de las personas.
Navegando por internet he encontrado algún que otro partido político o sindicato que en su programa recoge medidas similares. Sin embargo me sorprende que en la situación en la que estamos ni el gobierno ni la oposición se haya siquiera planteado reducir la jornada laboral para que más gente pueda trabajar, máxime cuando ha funcionado en otros países. ¿Es una solución demasiado utópica? ¿tan difícil es hacer que el pueblo disfrute de la vida?
Diseño laboral suicida
Por Iñaqui Gabilondo.
“Dos noticias de hoy. Una, El Pacto de Toledo estudia retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Dos, las cajas de ahorros ofrecen prejubilaciones a los 55. Ésta es la lógica del tiempo presente, la contradicción, el sinsentido. Pisar el acelerador para frenar. Pisar el freno para acelerar.
Los círculos de la incoherencia nos rodean. Ejemplo: los jóvenes tienen dificilísimo el acceso al trabajo: ¿es acaso porque los adultos lo acaparan? No, porque a partir de los 45, el ciudadano común es incontratable, o ha de abandonar su puesto para dejárselo a un joven, que cobra menos. Con lo que se cierra el circuito del disparate.
Los jóvenes se hacen viejos esperando su oportunidad, o entran como escobas para barrer adultos, con contratos basura. Así se están fabricando estas sociedades desestructuradas, con jóvenes sin horizonte, parados de 45 años sin esperanzas de colocación, y viejos que nos hemos ocupado de que puedan ser muy longevos, sin que sepamos qué hacer con ellos a partir de cierta edad.
Porque estamos describiendo un paisaje humano que podemos encontrar en muchísimos países del mundo: ¿qué ha ocurrido? ¿A qué mente lunática se le ha ocurrido un diseño tan suicida? El autor es anónimo: es el resultado de un pensamiento dominante que ya no ve seres humanos sino cifras, resultados, beneficios,.... y que se ha hecho con el poder”.
“Dos noticias de hoy. Una, El Pacto de Toledo estudia retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Dos, las cajas de ahorros ofrecen prejubilaciones a los 55. Ésta es la lógica del tiempo presente, la contradicción, el sinsentido. Pisar el acelerador para frenar. Pisar el freno para acelerar.
Los círculos de la incoherencia nos rodean. Ejemplo: los jóvenes tienen dificilísimo el acceso al trabajo: ¿es acaso porque los adultos lo acaparan? No, porque a partir de los 45, el ciudadano común es incontratable, o ha de abandonar su puesto para dejárselo a un joven, que cobra menos. Con lo que se cierra el circuito del disparate.
Los jóvenes se hacen viejos esperando su oportunidad, o entran como escobas para barrer adultos, con contratos basura. Así se están fabricando estas sociedades desestructuradas, con jóvenes sin horizonte, parados de 45 años sin esperanzas de colocación, y viejos que nos hemos ocupado de que puedan ser muy longevos, sin que sepamos qué hacer con ellos a partir de cierta edad.
Porque estamos describiendo un paisaje humano que podemos encontrar en muchísimos países del mundo: ¿qué ha ocurrido? ¿A qué mente lunática se le ha ocurrido un diseño tan suicida? El autor es anónimo: es el resultado de un pensamiento dominante que ya no ve seres humanos sino cifras, resultados, beneficios,.... y que se ha hecho con el poder”.
Los fabricantes reducen la vida útil de los productos para incentivar el consumo
Las bombillas están diseñadas para durar mil horas cuando podrían hacerlo más de cien años y un chip limita el tiempo de vida útil de las impresoras, según demuestra el documental "Comprar, tirar, comprar", que denuncia la obsolescencia programada por las empresas para incentivar el consumo.
"Esta práctica empresarial se ha convertido en la base de la economía moderna, a pesar de las terribles consecuencias medioambientales de un sistema que genera toneladas de residuos inútilmente", ha señalado hoy la realizadora del filme, Cosima Dannoritzer, durante la presentación del documental, que emitirá esta semana TV3 y el próximo mes de enero TVE.
El documental, que también se emitirá próximamente en Irlanda, Francia, Inglaterra, Bélgica, Suiza, Finlandia y Austria, demuestra que el ciclo producción-consumo-desecho es cada vez más rápido, pero no es nuevo.
La obsolescencia programada nació en los años veinte, cuando las principales empresas de producción de bombillas se pusieron de acuerdo para limitar la vida de las mismas a un máximo de mil horas. Antes de este acuerdo, las bombillas duraban mucho más, como demuestra la bombilla que permanece encendida desde hace más de cien años en un parque de bomberos de Estados Unidos.
Otro ejemplo revelador es el caso de las medias de nailon a prueba de carreras, que triunfaron entre las mujeres en los años cincuenta y después desaparecieron misteriosamente del mercado.
Los ejemplos se suceden hasta nuestros días, donde los casos más claros se encuentran en los productos electrónicos, como impresoras o iPods.
El caso de los iPod fue llevado a los tribunales por una abogada de San Francisco (Estados Unidos) que denunció que Apple había aplicado la obsolescencia programada a las baterías, con la intención de que los iPod duraran poco y el consumidor se viera obligado a comprar otro al cabo de un año.
"El documental no va en contra de ninguna empresa en concreto porque la obsolescencia programada es una práctica generalizada", según el productor ejecutivo del filme, Joan Úbeda, que ha aclarado que "el problema está en la filosofía del sistema que actúa de una manera claramente insostenible, obligando a los ingenieros a crear productos poco duraderos cuando podrían ser mucho mejores". "No sólo ponemos el problema sobre la mesa, sino que también mostramos algunas salidas o soluciones que ya se están debatiendo", ha añadido Cosima Dannoritzer.
Estas soluciones vienen de la mano del pensadores, empresarios e investigadores. En este sentido el profesor emérito de economía de la Universidad de París Serge Latouche defiende la teoría del decrecimiento, mientras que el empresario Warner Philips ha comercializado una bombilla de bajo consumo que dura 25 veces más que las normales y cuesta 25 veces más cara.
Asimismo, el químico Michael Braungart aplica su teoría "De la cuna a la cuna", que consiste en modificar todo el proceso de producción para conseguir que todo el desecho pueda ser reutilizado.
"Esta práctica empresarial se ha convertido en la base de la economía moderna, a pesar de las terribles consecuencias medioambientales de un sistema que genera toneladas de residuos inútilmente", ha señalado hoy la realizadora del filme, Cosima Dannoritzer, durante la presentación del documental, que emitirá esta semana TV3 y el próximo mes de enero TVE.
El documental, que también se emitirá próximamente en Irlanda, Francia, Inglaterra, Bélgica, Suiza, Finlandia y Austria, demuestra que el ciclo producción-consumo-desecho es cada vez más rápido, pero no es nuevo.
La obsolescencia programada nació en los años veinte, cuando las principales empresas de producción de bombillas se pusieron de acuerdo para limitar la vida de las mismas a un máximo de mil horas. Antes de este acuerdo, las bombillas duraban mucho más, como demuestra la bombilla que permanece encendida desde hace más de cien años en un parque de bomberos de Estados Unidos.
Otro ejemplo revelador es el caso de las medias de nailon a prueba de carreras, que triunfaron entre las mujeres en los años cincuenta y después desaparecieron misteriosamente del mercado.
Los ejemplos se suceden hasta nuestros días, donde los casos más claros se encuentran en los productos electrónicos, como impresoras o iPods.
El caso de los iPod fue llevado a los tribunales por una abogada de San Francisco (Estados Unidos) que denunció que Apple había aplicado la obsolescencia programada a las baterías, con la intención de que los iPod duraran poco y el consumidor se viera obligado a comprar otro al cabo de un año.
"El documental no va en contra de ninguna empresa en concreto porque la obsolescencia programada es una práctica generalizada", según el productor ejecutivo del filme, Joan Úbeda, que ha aclarado que "el problema está en la filosofía del sistema que actúa de una manera claramente insostenible, obligando a los ingenieros a crear productos poco duraderos cuando podrían ser mucho mejores". "No sólo ponemos el problema sobre la mesa, sino que también mostramos algunas salidas o soluciones que ya se están debatiendo", ha añadido Cosima Dannoritzer.
Estas soluciones vienen de la mano del pensadores, empresarios e investigadores. En este sentido el profesor emérito de economía de la Universidad de París Serge Latouche defiende la teoría del decrecimiento, mientras que el empresario Warner Philips ha comercializado una bombilla de bajo consumo que dura 25 veces más que las normales y cuesta 25 veces más cara.
Asimismo, el químico Michael Braungart aplica su teoría "De la cuna a la cuna", que consiste en modificar todo el proceso de producción para conseguir que todo el desecho pueda ser reutilizado.
España, entre los países con más dinero negro de Europa: un 20% del PIB
La economía sumergida en España alcanzó en 2009 los 205.000 millones de euros, un 20% del PIB, en línea con la media europea, pero cinco puntos porcentuales por encima de la media de los países de Europa Occidental, según un estudio de Visa Europe y A.T. Kearney.
Esto sitúa a España, junto con Portugal, en el tercer puesto entre los países de Europa occidental con mayor porcentaje de economía sumergida respecto del PIB y el cuarto, tras Alemania, Italia y Francia, en términos de volumen de negocio no declarado en euros.
Los sectores de la economía española que aglutinan mayor volumen de economía sumergida son la construcción, profesionales autónomos, comercios, empresas inmobiliarias, y la industria de turismo y viajes.
Andreas Pratz, vicepresidente de A.T. Kearney, afirma que, en el caso de España, "el alto nivel impositivo y el peso de la Seguridad Social son factores que propician el aumento de la economía sumergida". Además, asegura que el uso de efectivo en transacciones con importes altos tampoco contribuye a erradicar esta situación. En este sentido, Pratz señala que "España es el país donde más billetes de 500 euros hay en circulación, representando dos tercios del total del dinero que circula en el país".
Según Visa Europe, este tipo de actividad se concentra en las interacciones con o entre PYMEs (con una facturación inferior a 6 millones de euros anuales), que en España suman un total por habitante mayor que el de otros países de la Unión Europea.
Así, el estudio sostiene que en España algunas PYMEs pagan impuestos en base a módulos, sin que se les requiera presentar sus cuentas y pueden convertirse en vehículos para el blanqueo de capitales y la emisión de facturas falsas.
Por otro lado, la firma de análisis considera que las autoridades fiscales sufren escasez de recursos y centran sus esfuerzos en los trabajadores asalariados y en el 30% de las compañías con más ingresos (que suponen el 70% de los ingresos para la Hacienda Pública), mientras que las actividades de PYMEs y personas con un volumen de ingresos alto que generan economía sumergida se perciben como algo normal, lo que aumenta la tolerancia hacia el fraude.
El efectivo, motor de la economía sumergida
Ante la pregunta de cómo se puede reducir esta actividad, el director general de Visa Europe para España y Portugal, Luis García, propone un mayor uso de los pagos electrónicos, algo en lo que España está aún retrasada, con 120 transacciones electrónicas per cápita frente a la media de la UE de 150. La firma asegura que un incremento del 10% en esta modalidad de pagos podría reducir en un 5% la economía sumergida del país. En este sentido, García ha instado a que se imite a otros países europeos y se prohíba el sobrecargo a pagos con tarjetas en los comercios para favorecer el pago en efectivo, a la vez que ha recordado que España cuenta con la red más extensa de cajeros automáticos de toda la Unión, más de 60.000.
"El ahorro potencial para la economía española podría cifrarse en decenas de miles de millones de euros", afirma Jeremy Nichods, vicepresidente ejecutivo y director de consultoría de Visa Europe, que apuesta por emprender también otras medidas tales como facilitar el acceso bancario, reducir la burocracia y cambiar la visión de los ciudadanos sobre este fenómeno a través de acciones educativas y formativas.
Esto sitúa a España, junto con Portugal, en el tercer puesto entre los países de Europa occidental con mayor porcentaje de economía sumergida respecto del PIB y el cuarto, tras Alemania, Italia y Francia, en términos de volumen de negocio no declarado en euros.
Los sectores de la economía española que aglutinan mayor volumen de economía sumergida son la construcción, profesionales autónomos, comercios, empresas inmobiliarias, y la industria de turismo y viajes.
Andreas Pratz, vicepresidente de A.T. Kearney, afirma que, en el caso de España, "el alto nivel impositivo y el peso de la Seguridad Social son factores que propician el aumento de la economía sumergida". Además, asegura que el uso de efectivo en transacciones con importes altos tampoco contribuye a erradicar esta situación. En este sentido, Pratz señala que "España es el país donde más billetes de 500 euros hay en circulación, representando dos tercios del total del dinero que circula en el país".
Según Visa Europe, este tipo de actividad se concentra en las interacciones con o entre PYMEs (con una facturación inferior a 6 millones de euros anuales), que en España suman un total por habitante mayor que el de otros países de la Unión Europea.
Así, el estudio sostiene que en España algunas PYMEs pagan impuestos en base a módulos, sin que se les requiera presentar sus cuentas y pueden convertirse en vehículos para el blanqueo de capitales y la emisión de facturas falsas.
Por otro lado, la firma de análisis considera que las autoridades fiscales sufren escasez de recursos y centran sus esfuerzos en los trabajadores asalariados y en el 30% de las compañías con más ingresos (que suponen el 70% de los ingresos para la Hacienda Pública), mientras que las actividades de PYMEs y personas con un volumen de ingresos alto que generan economía sumergida se perciben como algo normal, lo que aumenta la tolerancia hacia el fraude.
El efectivo, motor de la economía sumergida
Ante la pregunta de cómo se puede reducir esta actividad, el director general de Visa Europe para España y Portugal, Luis García, propone un mayor uso de los pagos electrónicos, algo en lo que España está aún retrasada, con 120 transacciones electrónicas per cápita frente a la media de la UE de 150. La firma asegura que un incremento del 10% en esta modalidad de pagos podría reducir en un 5% la economía sumergida del país. En este sentido, García ha instado a que se imite a otros países europeos y se prohíba el sobrecargo a pagos con tarjetas en los comercios para favorecer el pago en efectivo, a la vez que ha recordado que España cuenta con la red más extensa de cajeros automáticos de toda la Unión, más de 60.000.
"El ahorro potencial para la economía española podría cifrarse en decenas de miles de millones de euros", afirma Jeremy Nichods, vicepresidente ejecutivo y director de consultoría de Visa Europe, que apuesta por emprender también otras medidas tales como facilitar el acceso bancario, reducir la burocracia y cambiar la visión de los ciudadanos sobre este fenómeno a través de acciones educativas y formativas.
La 'okupación' de los mil pobres
La recia ventolera del fin de semana pasado levantó por el aire la carpa que tenía antes, llevándosela más allá de la valla que separa el parque Indoamericano del barrio de Soldati.
Los muchachos que arrojan piedras, y que a veces disparan contra los que ocupan el predio, se la llevaron como trofeo de guerra. "Para qué les sirve una carpa con rajaduras, no sé. Y lo peor es que como era prestada habrá que devolver el dinero a ese caballero", dice apuntando con el mentón al hombre corpulento que no nos quita la vista de encima.
A Brendon Morales, todo el campamento lo respeta aunque a sus espaldas lo tratan de bribón pues se ha forrado los bolsillos con la venta de comida, de pañales y hasta de bebidas alcohólicas. Pero se pasea muy orondo por el campamento mientras que un joven que puede ser su hijo o su empleado atiende el negocio.
Los gendarmes que rodean el parque revisan los bolsos para impedir la entrada de armas o de alcohol. Algún trato oscuro habrá hecho con ellos Morales para que le hagan la vista gorda.
El censo que hicieron las autoridades señala que hay 1.133 personas asentadas en el segundo mayor espacio verde de Buenos Aires. El cerco de la Gendarmería es para que no se sumen nuevos ocupantes a los que pasan todo el día buscando alimento, ya que los comerciantes no les quieren vender.
Los reconocen fácilmente; a las mujeres por sus trenzas y polleras y a los hombres por hablar el castellano con acento quechua o guaraní. La mayoría de los okupas son inmigrantes bolivianos, peruanos y paraguayos. Ahora bien, si los que buscan alimento fuera del predio cayeran en manos de los grupos de vecinos que patrullan el contorno, correrían la misma suerte que Florencio, el albañil que llegó al hospital con traumatismo craneoencefálico y las costillas rotas.
La segunda tarea de Marisa es hacer la cola para ocupar uno de los tres baños químicos que la organización Barrios de a Pie instaló en el predio. El hedor de los excrementos se percibe a la distancia lo mismo que la nube de moscas que sobrevuela esos cubículos. "Los que pueden aguantan hasta que se hace oscuro y hacen sus necesidades detrás de un matorral", comenta la emigrante boliviana con la mirada clavada en el suelo.
Marisa y sus hijos compartían la vivienda de una compatriota en la Villa 20, un asentamiento precario al sur de la capital, hasta que un día su anfitriona decidió subirle el alquiler. La mujer se frota las manos nerviosamente cuando le preguntamos cuanto pagó por el lote de 20 metros cuadrados que le asignaron los organizadores de la toma. "¿Qué culpa tenemos de ser pobres?", murmura su boca de dientes marfileños. Lo que más extraña de su anterior domicilio es la artesa donde se bañaban ella y sus hijos y donde lavaba la ropa. "¿Una foto? No, señor… vergüenza me daría que me vieran toda sucia", sonríe con tristeza.
Lo que más abunda en el parque son los carteles con el distintivo de los diferentes grupos políticos que apadrinan a los okupas. Alrededor de los letreros revolotean niños descalzos y con los mocos colgando. La mayoría de ellos están acatarrados y la tos es el sonido más frecuente en las 130 hectáreas que abarca este gueto. En medio de las toces y los estornudos irrumpe la voz de la presidente Cristina Fernández, que brota como cascada de un radio a pilas.
"Los gobernantes deben ponerse al frente de los problemas y no echarle la culpa a los demás", afirma, pese a que ella misma culpa al alcalde Mauricio Macri, su más enconado rival, por el conflicto que estalló a raíz de la ocupación del Parque Indoamericano que ya no es noticia, pues otros seis espacios públicos han sido tomados en lo que va de la semana. "Esto no se desmadró, se apadrinó", exclama Cristina pero sin identificar a los que apadrinan la ola de ocupaciones.
"Yo sé de lo que hablo porque también fui pobre. Desde temprana edad tuve que trabajar para costearme los estudios y también…", alcanza a decir la presidente antes que el dueño de la radio sintonice un programa que transmite salsa, cumbias y boleros.
Marisa Choquehuanca dice que no entiende ni le interesa la política. Lo único que le importa es conseguir un techo para sus hijos. Una vivienda no importa donde con tal de que tenga baño y un grifo para lavarse.
Más periodistas encarcelados en 2010 por culpa de la represión en Irán y en China
Irán y China son los principales responsables de que en 2010 el número de periodistas presos haya subido estrepitosamente hasta alcanzar los 145, su número más alto desde 1996. En aquel año la represión turca de periodistas kurdos se llevó la palma. Catorce años después, la persecución iraní de voces críticas con el régimen y la brutal supresión del periodismo étnico en China son las principales responsables de que este año haya 9 periodistas encarcelados más que el pasado. Y eso a pesar de la liberación de 17 periodistas cubanos presos desde 2003.
Los datos se desprenden del informe anual que realiza el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), que contabiliza los informadores encarcelados hasta la medianoche del 1 de diciembre. Según su estadística, los países más carceleros (Irán y China) comparten la cifra de informadores presos: 34. Les siguen Eritrea, con 17, Myanmar, con 13 y Uzbekistán con 6 informadores entre rejas.
Curiosamente este año EE UU ha conseguido escaparse de la lista negra y por primera vez desde 2004 no aparece en el vergonzoso censo de los países que no toleran la libertad de expresión. Tras años deteniendo a informadores que tocaban las fibras sensibles del imperio (Irak, Afganistán y Guantánamo eran los temas que más periodistas llevaban a las cárceles americanas) parece ser que el ejecutivo de Barack Obama ha decidido dejar tranquilos a los periodistas.
Quien no ceja en su empeño de mantener bajo llave los secretos nacionales es el gobierno iraní, que por preservarlos ha conseguido el triste honor de encarcelar a la persona más joven del censo de CPJ. El bloguero Navid Mohebbi se atrevió a hablar de los derechos de la mujer y fue a parar al calabozo, junto al escritor Issa Saharkhiza y otros ‘infractores’.
El Gobierno chino, por su parte, se ha dedicado este año a perseguir y encerrar a los periodistas uigures y tibetanos que tenían la osadía de hablar sobre asuntos étnicos y dar voz a los reprimidos por el régimen.
Los vagos motivos de los poderosos
Estos y otros gobiernos censores se basan en vagas acusaciones de ‘delitos contra el Estado’ para encarcelar a los periodistas más molestos. En ese ambiguo saco caben los aún más imprecisos términos de ‘traición’, ‘subversión’ o ‘actuación contra los intereses nacionales’ en los que resulta fácil incluir prácticamente a cualquier agente molesto que se quiera acallar. Actualmente al menos 72 periodistas permanecen detenidos bajo acusaciones de este tipo. Tras los supuestos delitos contra el Estado, la segunda acusación más blandida por los poderosos para proteger sus intereses encarcelando a periodistas es la violación de las reglas de censura, un motivo por el cual hay 12 personas entre rejas.
“La justificación legal para encarcelar periodistas varía de país a país”, asegura el director ejecutivo del CPJ, Joel Simon, “pero el motivo es casi siempre el mismo: aplastar a los que desafían la autoridad del Estado”.
Casi más preocupante que los vagos motivos para detener que tienen los Gobiernos es su impunidad y su falta de sentido de la justicia. En 34 de los 145 casos de 2010, las autoridades que detuvieron a periodistas prescindieron por completo del debido proceso judicial: ni presentaron acusaciones ni llevaron a cabo juicio ninguno.
Más allá de los reporteros detenidos el CPJ también ofrece escalofriantes datos en su página web sobre los 42 periodistas muertos este año mientras realizaban su trabajo (una cifra sensiblemente más baja que la del año pasado, que alcanzaba los 72 fallecidos). El 62% de ellos fue asesinado y el 19% murió ‘en combate’ o desempeñando ‘misiones peligrosas’. Llama la atención que el 96% de los responsables de estas muertes gocen de total impunidad. El país en el que más informadores fallecieron en 2010 fue Pakistán (8), seguido de Iraq (4), Honduras y México (3 en cada uno). La mitad de estos periodistas cubría temas de política y casi un tercio se dedicaba a destapar casos de corrupción.
A estas estadísticas hay que sumar, además, cinco reporteros desparecidos en 2010.
Los datos se desprenden del informe anual que realiza el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), que contabiliza los informadores encarcelados hasta la medianoche del 1 de diciembre. Según su estadística, los países más carceleros (Irán y China) comparten la cifra de informadores presos: 34. Les siguen Eritrea, con 17, Myanmar, con 13 y Uzbekistán con 6 informadores entre rejas.
Curiosamente este año EE UU ha conseguido escaparse de la lista negra y por primera vez desde 2004 no aparece en el vergonzoso censo de los países que no toleran la libertad de expresión. Tras años deteniendo a informadores que tocaban las fibras sensibles del imperio (Irak, Afganistán y Guantánamo eran los temas que más periodistas llevaban a las cárceles americanas) parece ser que el ejecutivo de Barack Obama ha decidido dejar tranquilos a los periodistas.
Quien no ceja en su empeño de mantener bajo llave los secretos nacionales es el gobierno iraní, que por preservarlos ha conseguido el triste honor de encarcelar a la persona más joven del censo de CPJ. El bloguero Navid Mohebbi se atrevió a hablar de los derechos de la mujer y fue a parar al calabozo, junto al escritor Issa Saharkhiza y otros ‘infractores’.
El Gobierno chino, por su parte, se ha dedicado este año a perseguir y encerrar a los periodistas uigures y tibetanos que tenían la osadía de hablar sobre asuntos étnicos y dar voz a los reprimidos por el régimen.
Los vagos motivos de los poderosos
Estos y otros gobiernos censores se basan en vagas acusaciones de ‘delitos contra el Estado’ para encarcelar a los periodistas más molestos. En ese ambiguo saco caben los aún más imprecisos términos de ‘traición’, ‘subversión’ o ‘actuación contra los intereses nacionales’ en los que resulta fácil incluir prácticamente a cualquier agente molesto que se quiera acallar. Actualmente al menos 72 periodistas permanecen detenidos bajo acusaciones de este tipo. Tras los supuestos delitos contra el Estado, la segunda acusación más blandida por los poderosos para proteger sus intereses encarcelando a periodistas es la violación de las reglas de censura, un motivo por el cual hay 12 personas entre rejas.
“La justificación legal para encarcelar periodistas varía de país a país”, asegura el director ejecutivo del CPJ, Joel Simon, “pero el motivo es casi siempre el mismo: aplastar a los que desafían la autoridad del Estado”.
Casi más preocupante que los vagos motivos para detener que tienen los Gobiernos es su impunidad y su falta de sentido de la justicia. En 34 de los 145 casos de 2010, las autoridades que detuvieron a periodistas prescindieron por completo del debido proceso judicial: ni presentaron acusaciones ni llevaron a cabo juicio ninguno.
Más allá de los reporteros detenidos el CPJ también ofrece escalofriantes datos en su página web sobre los 42 periodistas muertos este año mientras realizaban su trabajo (una cifra sensiblemente más baja que la del año pasado, que alcanzaba los 72 fallecidos). El 62% de ellos fue asesinado y el 19% murió ‘en combate’ o desempeñando ‘misiones peligrosas’. Llama la atención que el 96% de los responsables de estas muertes gocen de total impunidad. El país en el que más informadores fallecieron en 2010 fue Pakistán (8), seguido de Iraq (4), Honduras y México (3 en cada uno). La mitad de estos periodistas cubría temas de política y casi un tercio se dedicaba a destapar casos de corrupción.
A estas estadísticas hay que sumar, además, cinco reporteros desparecidos en 2010.
Lula critica enérgicamente la detención de Assange, creador de WikiLeaks
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva expresó este jueves una enérgica protesta por la detención del creador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange, y manifestó su solidaridad con el sitio que divulgó miles de documentos secretos de la diplomacia estadounidense.
"WikiLeaks, mi solidaridad por la divulgación de las cosas, y mi protesta (contra el cercenamiento) de la libertad de expresión", afirmó el mandatario en Brasilia durante una ceremonia de divulgación de los resultados del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC).
Assange "desnuda una diplomacia que parecía inalcanzable, la más correcta del mundo, y así comenzó una búsqueda (para apresarlo). Y lo detienen y no veo ni una protesta (por) la libertad de expresión", destacó el presidente.
Por ello, pidió a sus asesores que el Blog de Planalto, una página de Internet donde Lula divulga sus acciones de gobierno, mencione el reclamo: "Pueden poner en el Blog de Planalto el primer voto de protesta, por la libertad de expresión en internet", dijo.
En la visión de Lula, el sitio web creado por Assange divulgó "apenas lo que él leyó. El culpable por eso no es quien divulgó (esos cables) sino quien los escribió. Cúlpese a quien escribió esas tonterías".
El mandatario brasileño incluso envió un claro mensaje a los diplomáticos brasileños y a su sucesora en el poder, la presidente electa Dilma Rousseff.
"No sé si mis embajadores pasan esos telegramas. Pero Dilma debe saberlo y hablar con su ministro (de Relaciones Exteriores): si no tienen nada que escribir, que no escriban tonterías. Que pasen su mensaje en blanco", dijo el presidente brasileño.
Para Lula, "es hasta gracioso, porque no hay nada en defensa de la libertad de prensa y contra la prisión de un muchacho (Assange) que estaba dejando al desnudo un trabajo menor que algunos embajadores estaban haciendo".
Assange se encuentra detenido en una cárcel británica acusado de presuntos delitos sexuales. El sitio WikiLeaks inició el 28 de noviembre la publicación de 250.000 cables confidenciales del departamento de Estado norteamericano.
Desde el estallido del escándalo, las cuentas bancarias personales de Assange y de WikiLeaks fueron bloqueadas, y el propio sitio web pasó a operar con proveedores de acceso en diversos países para evitar las constantes interrupciones de servicio.
La semana pasada, Lula había minimizado el caso, alegando que los temas divulgados sobre Brasil "son tan insignificantes que no merecen ser tomadas en serio".
"Están desnudando una sabiduría, se pensaba que los americanos eran mejor que los otros, y al final hacen las mismas tonterías que todo el mundo hace", había ironizado el mandatario durante una entrevista a radios comunitarias.
Entre los cables divulgados, varios hacen referencia a la preocupación de los diplomáticos estadounidenses con la resistencia brasileña a adoptar una legislación antiterrorista, así como con aspectos de seguridad para la Copa del Mundo de fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 en Rio de Janeiro.
Tres cables enviados por la embajada a Washington hacen referencia a la negativa de Brasil a recibir detenidos en la cárcel estadounidense en Guantánamo, y otros analizan la licitación internacional en marcha para la compra de 36 aviones caza de última generación.
"WikiLeaks, mi solidaridad por la divulgación de las cosas, y mi protesta (contra el cercenamiento) de la libertad de expresión", afirmó el mandatario en Brasilia durante una ceremonia de divulgación de los resultados del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC).
Assange "desnuda una diplomacia que parecía inalcanzable, la más correcta del mundo, y así comenzó una búsqueda (para apresarlo). Y lo detienen y no veo ni una protesta (por) la libertad de expresión", destacó el presidente.
Por ello, pidió a sus asesores que el Blog de Planalto, una página de Internet donde Lula divulga sus acciones de gobierno, mencione el reclamo: "Pueden poner en el Blog de Planalto el primer voto de protesta, por la libertad de expresión en internet", dijo.
En la visión de Lula, el sitio web creado por Assange divulgó "apenas lo que él leyó. El culpable por eso no es quien divulgó (esos cables) sino quien los escribió. Cúlpese a quien escribió esas tonterías".
El mandatario brasileño incluso envió un claro mensaje a los diplomáticos brasileños y a su sucesora en el poder, la presidente electa Dilma Rousseff.
"No sé si mis embajadores pasan esos telegramas. Pero Dilma debe saberlo y hablar con su ministro (de Relaciones Exteriores): si no tienen nada que escribir, que no escriban tonterías. Que pasen su mensaje en blanco", dijo el presidente brasileño.
Para Lula, "es hasta gracioso, porque no hay nada en defensa de la libertad de prensa y contra la prisión de un muchacho (Assange) que estaba dejando al desnudo un trabajo menor que algunos embajadores estaban haciendo".
Assange se encuentra detenido en una cárcel británica acusado de presuntos delitos sexuales. El sitio WikiLeaks inició el 28 de noviembre la publicación de 250.000 cables confidenciales del departamento de Estado norteamericano.
Desde el estallido del escándalo, las cuentas bancarias personales de Assange y de WikiLeaks fueron bloqueadas, y el propio sitio web pasó a operar con proveedores de acceso en diversos países para evitar las constantes interrupciones de servicio.
La semana pasada, Lula había minimizado el caso, alegando que los temas divulgados sobre Brasil "son tan insignificantes que no merecen ser tomadas en serio".
"Están desnudando una sabiduría, se pensaba que los americanos eran mejor que los otros, y al final hacen las mismas tonterías que todo el mundo hace", había ironizado el mandatario durante una entrevista a radios comunitarias.
Entre los cables divulgados, varios hacen referencia a la preocupación de los diplomáticos estadounidenses con la resistencia brasileña a adoptar una legislación antiterrorista, así como con aspectos de seguridad para la Copa del Mundo de fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 en Rio de Janeiro.
Tres cables enviados por la embajada a Washington hacen referencia a la negativa de Brasil a recibir detenidos en la cárcel estadounidense en Guantánamo, y otros analizan la licitación internacional en marcha para la compra de 36 aviones caza de última generación.
Supongan que no fuera EEUU
Por Jesus Maraña.
Supongan por un momento que el Gobierno cubano, el chino o el venezolano hubieran sido sorprendidos, con miles de documentos probatorios, en acciones de espionaje a los delegados de la ONU o a mandatarios norteamericanos, alemanes, franceses, ingleses o españoles. Supongan que se demuestra que los citados gobiernos utilizan a muchos de sus diplomáticos en el intento de presionar, sobornar o chantajear a empresarios, políticos, militares y jueces de aquellos países en los que mantienen embajadas. Supongan que el Ministerio de Exteriores cubano, por ejemplo, califica a Rajoy de “derechista fascistoide” o que encarga un informe psicológico sobre la salud mental de José María Aznar.
Supongan que entre las atribuciones de los diplomáticos de Venezuela en el extranjero figurase la de proponer una reunión con Hugo Chávez a cambio de que el país en cuestión acogiera a individuos secuestrados en cualquier lugar del mundo como presuntos terroristas sin pruebas y sin juicio previo. Supongan que un bloguero cubano o chino o venezolano, utilizando la libertad de expresión del ciberespacio, hiciera públicos 250.000 mensajes cruzados por sus embajadas y gobiernos con evidencias palmarias de la comisión de delitos contra un rosario de derechos fundamentales. ¿Alguien, de verdad, cree que a estas alturas se estaría discutiendo sobre la legalidad o no de las filtraciones o sobre los gravísimos problemas causados a la seguridad internacional?
Supongan por un momento que el Gobierno cubano, el chino o el venezolano hubieran sido sorprendidos, con miles de documentos probatorios, en acciones de espionaje a los delegados de la ONU o a mandatarios norteamericanos, alemanes, franceses, ingleses o españoles. Supongan que se demuestra que los citados gobiernos utilizan a muchos de sus diplomáticos en el intento de presionar, sobornar o chantajear a empresarios, políticos, militares y jueces de aquellos países en los que mantienen embajadas. Supongan que el Ministerio de Exteriores cubano, por ejemplo, califica a Rajoy de “derechista fascistoide” o que encarga un informe psicológico sobre la salud mental de José María Aznar.
Supongan que entre las atribuciones de los diplomáticos de Venezuela en el extranjero figurase la de proponer una reunión con Hugo Chávez a cambio de que el país en cuestión acogiera a individuos secuestrados en cualquier lugar del mundo como presuntos terroristas sin pruebas y sin juicio previo. Supongan que un bloguero cubano o chino o venezolano, utilizando la libertad de expresión del ciberespacio, hiciera públicos 250.000 mensajes cruzados por sus embajadas y gobiernos con evidencias palmarias de la comisión de delitos contra un rosario de derechos fundamentales. ¿Alguien, de verdad, cree que a estas alturas se estaría discutiendo sobre la legalidad o no de las filtraciones o sobre los gravísimos problemas causados a la seguridad internacional?
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