Setenta grupos ecologistas piden la expulsión de Repsol de la Amazonia

La rotura de un oleoducto provoca el vertido de 14.000 barriles de crudo en la mayor reserva natural de Ecuador. El Gobierno de Correa denuncia una cascada de negligencias
Más de 70 organizaciones conservacionistas, entre ellas Ecologistas en Acción, exigen la expulsión de Ecuador de la compañía Repsol YPF tras el vertido, el pasado 25 de febrero, de 14.000 barriles de petróleo en la Amazonia ecuatoriana. El derrame, localizado a 100 kilómetros de Quito, se produjo tras la ruptura del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), el único oleoducto privado de Ecuador, participado por la petrolera hispanoargentina. El brutal vertido ha afectado a la reserva ecológica Cayambe-Coca, el área protegida con mayor diversidad animal y vegetal de Ecuador. Más de 1.300 especies animales, entre ellas el cóndor, el armadillo y el oso de anteojos, se refugian en las 400.000 hectáreas de este santuario natural, el mayor del país. Las ONG, agrupadas en la campaña Afectados por Repsol YPF, piden al Gobierno de Rafael Correa "que ejerza la soberanía en su territorio y se libere de una empresa que tanto daño ha hecho a esta nación".
El vertido del oleoducto, cuyo lema es Por donde pasa el OCP suceden cosas buenas, afectó a los ríos Santa Rosa, Quijos y Alta Coca. En las primeras inspecciones en la zona, los técnicos del Ministerio observaron parches de crudo en las localidades de San Carlos y San Luis, próximas al río Quijos, sin que existiera "ningún tipo de acción correctiva" en las 72 horas posteriores al derrame.
Esta cadena de descuidos provocó que el agua contaminada llegara a importantes áreas protegidas de la región amazónica, como el Bosque protector La Cascada y el Parque Nacional Sumaco-Napo-Galeras. El vertido, ya controlado según OCP, amenazó incluso con alcanzar la cascada de San Rafael, uno de los principales centros de atracción turística de la Amazonia
El riesgo de marea negra en Doñana
El vertido de 14.000 barriles de petróleo en la Amazonia ecuatoriana ha recrudecido las críticas contra el proyecto para construir en España un oleoducto de 200 kilómetros desde Huelva hasta la comarca pacense de Tierra de Barros. La tubería, promovida por el grupo del empresario extremeño Alfonso Gallardo, apoyado por el PSOE regional, tendría que atravesar varios espacios naturales protegidos, bordeando el Parque Nacional de Doñana, para llegar a su destino: una refinería de petróleo en Los Santos de Maimona, en Badajoz. Para el coordinador de la Oficina para Doñana de la organización ecologista WWF, Juanjo Carmona, el accidente en el oleoducto participado por Repsol YPF en Ecuador es una prueba de que “la seguridad absoluta no existe”. A su juicio, “no tiene sentido poner en riesgo un ecosistema único, como es Doñana, por una refinería que se puede instalar en otro sitio”.