Burrocrácia!!

Antonio Rivera, de 54 años, sufrió un infarto en julio de 2004. Salvó la vida gracias a una clínica privada, que lo ingresó en la UCI ante la falta de camas libres en los hospitales públicos. La Consejería de Sanidad admite que es un caso de "asistencia vital" y que deberá asumir los 15.500 euros de la factura. Pero, por un formalismo jurídico, se niega a avanzar el dinero y quiere que el hombre pida un crédito. La clínica, que dice "no entender" a Sanidad, ha llevado la deuda a los tribunales."¿Cómo voy a pedir un crédito de 15.500 euros si ingreso menos de 400 al mes?", se pregunta Antonio, indignado.Tras el infarto, no ha podido volver a trabajar. "Yo era pintor autónomo. Pero no he vuelto a ser el mismo. Se me olvidan las cosas y soy incapaz de organizarme", explica.
Al ser autónomo, Antonio ingresa poco por su baja laboral, unos 600 euros al mes. De ellos, tiene que pagar 240 para seguir cotizando como trabajador por cuenta propia hasta que un tribunal de la Seguridad Social resuelva qué grado de incapacidad le va a conceder. Con ellos viven una hija con un bebé de 15 meses y un hijo militar.La burocracia está a punto de dejar sin piso a una familia que acude a Cáritas para comer y vestirse.En esta situación, la notificación del juzgado de Primera Instancia de Coslada, recibida hace seis meses, cayó como una bomba en la familia. "Si en 20 días no paga ni comparece en este juzgado dando razones de la negativa al pago", avisa el escrito, "se despachará ejecución" para el embargo de sus bienes. De momento, Antonio ha logrado paralizar el proceso mientras espera las gestiones de un abogado de oficio.
El caso de Antonio Rivera es uno de los definidos como "asistencia urgente, inmediata y de carácter vital" por la normativa sanitaria. La ley establece que en estos casos la sanidad pública asumirá los costes de la asistencia sea donde sea. "A mí el infarto me dio allí, yo no lo elegí", se justifica Antonio.la normativa habla de "reembolsar los gastos" al paciente, no de pagarlos. Y Sanidad, en una orden interna, precisó al Defensor que "para hacer un reintegro de gastos es imprescindible que el gasto se haya producido", lo que no ocurría porque Antonio no puede sufragarlo. La solución del Defensor es que Antonio pida un crédito y así se lo podrá "reembolsar". "Parece un chiste, pero es verdad", comenta el afectado.La clínica privada muestra su asombro. "No logramos entender por qué desde el Servicio Madrileño de Salud se exige el pago previo de la factura al señor Rivera sabiendo que, finalmente, dicho servicio deberá reembolsárselo"